La destitución y procesamiento penal del exministro de Economía emerge como una maniobra de distracción orquestada por la dictadura para desviar la atención sobre la devastación del huracán en las provincias orientales, mientras se teje una silenciosa sucesión dinástica en la cúpula de poder militar.
Las provincias de la región oriental de Cuba se encuentran sumidas en una profunda crisis humanitaria tras el paso del huracán, que ha dejado a miles de familias sin hogar y bajo las aguas desbordadas del río Cauto. La tragedia es desgarradora y la incapacidad del gobierno cubano para articular una respuesta efectiva resulta evidente. Antes incluso de que el fenómeno meteorológico azotara la isla, el aparato estatal ya mostraba una total inoperancia para proteger a la población. El riesgo epidemiológico se incrementa de manera exponencial ante las inundaciones, y la hambruna se perfila como una amenaza inminente debido a la pérdida de los escasos cultivos que aún se mantenían en pie. Sin embargo, la atención nacional e internacional ha sido hábilmente desviada por el régimen de La Habana.
La maniobra de distracción tomó forma con la expulsión y señalamiento público de Alejandro Gil, exministro de Economía y Planificación. La repentina decisión de sacrificar a una figura que hasta hace poco gozaba de total impunidad responde a la necesidad de la dictadura de acallar las protestas y el descontento ante la gestión del desastre natural. Mientras los orientales reclaman ayuda, sufren el trapicheo con las donaciones internacionales y padecen la mezquindad de un Estado que ofrece créditos bancarios y materiales a mitad de precio a personas que no tenían cómo alimentarse antes del ciclón, el foco mediático se ha trasladado al espectáculo judicial.
El llamado «affaire Gil» se presenta como la tormenta perfecta para la cúpula gobernante. La Fiscalía General de la República lo acusa de una larga lista de delitos graves, cometidos supuestamente durante su gestión al frente del ministerio. Sin embargo, resulta inverosímil que estas acciones delictivas —que incluyen espionaje, malversación, lavado de activos, falsificación y tráfico de influencias— hayan ocurrido sin el conocimiento y la complicidad de la alta dirigencia. La justicia en Cuba responde a los dictados del poder, y quienes ahora juzgan a Gil son los mismos que encubrían, avalaban y muy probablemente participaban en la red de corrupción institucionalizada que asola al país.
El actual presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, no puede eludir su responsabilidad en este escenario. Fue él quien nombró a Gil, alabó su idoneidad y respaldó sus desastrosas políticas, como el llamado Ordenamiento Monetario. Esta medida, aplicada en plena pandemia, precipitó al país en una catástrofe económica y social que supera en crudeza al Período Especial de los años noventa. La relación entre ambos trasciende lo institucional; Díaz-Canel fue el tutor de la tesis doctoral de Gil, otorgándole un respaldo académico que, en el lodazal de la pseudo-ciencia y las comisiones de grado universitarias cubanas, funciona como un espaldarazo político inquebrantable. La posterior despedida afectuosa de Gil por parte del mandatario, tras su cese y reconociendo su servicio a la Patria, evidencia la hipocresía del sistema.
La complicidad se extiende a la Asamblea Nacional del Poder Popular, ese órgano legislativo que se autoproclama representante del pueblo pero que ha sido incapaz de detectar la corrupción que ocurría bajo sus propias narices. Los cientos de diputados, financiados con el sudor de la población, se limitan a aplaudir, justificar y permitir los abusos del régimen a cambio de mantener sus propios privilegios. De esta caterva de serviles no se salva ni uno, y la caída de Gil arrastra consigo la evidencia del fracaso de la Contraloría General de la República y del sistema de control estatal, que solo actúa por intereses de facciones.
En un giro inesperado, la hija del exministro ha exigido un juicio público y televisado, con acceso para toda la prensa. Esta petición encierra un peligro inmenso para la dictadura, pues Gil posee información privilegiada sobre las entrañas del poder. La cúpula militar que ordenó su inmolación pública es consciente de que un juicio transparente podría derivar en un terremoto político. La hija del inculpado, reivindicando de pronto la existencia del pueblo cubano, busca presionar a los verdaderos tomadores de decisiones, sabiendo que su padre tiene mucho que revelar sobre las miserias de la oligarquía verde olivo.
Este terremoto político es la única maniobra que la dictadura ha podido esgrimir para intentar contener el caos social post-huracán. En las zonas afectadas, los cubanos más humildes han comenzado a protestar, lanzando a la cara de la casta gobernante una verdad incómoda: el verdadero bloqueo que asfixia a la nación es el interno. El descontento popular amenaza con desbordarse, y la élite en el poder necesita crear un chivo expiatorio para canalizar la ira ciudadana. Incluso el abandono de animales por parte de los rescatistas oficiales, en medio de un desastre, expone la falsedad de una Ley de Bienestar Animal aprobada solo para calmar las demandas de los activistas.
En medio de este panorama de crisis y purgas, se perfila con alarmante celeridad una movida sucesoria. El régimen de La Habana ha anunciado el ascenso, en menos de dos años, de Oscar Pérez-Oliva Fraga, vástago directo de la familia Castro. Su imparable carrera hacia la cima sugiere que podría estar siendo preparado para sustituir a Díaz-Canel, a quien amplios sectores de la población consideran un líder irrelevante, torpe y falto de carisma. La designación de Pérez-Oliva Fraga como diputado es una mera formalidad que puede ejecutarse en una sesión extraordinaria, a voluntad del generalato, sin ninguna participación real del pueblo cubano.
Contexto: La crisis estructural de la dictadura cubana
Cuba atraviesa su peor crisis económica en tres décadas, agravada por la ineficacia de las medidas implementadas por el gobierno cubano. El Ordenamiento Monetario eliminó la dualidad monetaria pero disparó una inflación incontrolable, destruyó el poder adquisitivo de los salarios y sumió a millones de hogares en la pobreza extrema. La producción nacional se ha desplomado, la infraestructura eléctrica colapsa a diario y el éxodo migratorio ha vaciado al país de su fuerza laboral más productiva, dejando a las familias separadas y a la sociedad en un estado de desesperación profunda.
En este escenario de fracaso absoluto, la represión se ha institucionalizado como la única herramienta de control de la dictadura. Las protestas pacíficas son reprimidas con dureza, y cientos de cubanos permanecen encarcelados por exigir sus derechos fundamentales. La censura y los cortes de internet son prácticas recurrentes para impedir la organización ciudadana y ocultar la realidad de un país que se desmorona bajo el peso de un modelo totalitario agotado. La purga a figuras como Gil no busca erradicar la corrupción, sino simplemente reordenar las cuotas de poder dentro de la élite militar que controla el destino de la isla.
Cierre
La instrumentalización del caso Alejandro Gil no es más que un síntoma de la descomposición avanzada del régimen de La Habana. Sacrificar a un alto dirigente para tapar la miseria en Oriente y maquillar la responsabilidad de Díaz-Canel es una táctica desesperada que evidencia la falta de soluciones reales para la nación. Mientras la oligarquía militar se disputa los despojos del poder y prepara la continuidad dinástica de los Castro, el pueblo cubano continúa sumido en el desamparo, enfrentando no solo las fuerzas de la naturaleza, sino la peor de las tempestades: la indolencia y la voracidad de una dictadura que ha hecho de la supervivencia del Estado un negocio privado a costa del hambre y el sufrimiento de millones.
