La acelerada e inexplicada desaparición de las tiendas en MLC deja en la indefensión a miles de cubanos que poseían saldos en esta moneda virtual, mientras el gobierno cubano avanza en un proceso de dolarización selectiva que margina a los sectores más vulnerables y acentúa la profunda crisis de abastecimiento en la isla.
El proceso de dolarización parcial de la economía nacional, impulsado por las autoridades como un parche temporal a la profunda crisis estructural que sufre el país, ha entrado en una nueva fase de incertidumbre y caos financiero. Lo que comenzó como una transformación gradual de las tiendas estatales hacia el comercio exclusivo en dólares físicos, dejó rezagadas a nivel municipal una o dos instalaciones destinadas a operar con la Moneda Libremente Convertible (MLC). Sin embargo, el surtido en estos establecimientos mermó drásticamente en comparación con las nuevas tiendas dolarizadas, evidenciando una estrategia orquestada desde el poder para asfixiar y liquidar progresivamente esta modalidad de pago sin dar la cara ante la población.
En las últimas semanas, el panorama ha empeorado de manera alarmante. Buena parte de los pocos comercios que mantenían operaciones en MLC han cerrado sus puertas de un día para otro, sin que los funcionarios del régimen de La Habana hayan emitido comunicado alguno que explique esta medida. Establecimientos emblemáticos y vitales para sus comunidades, como el ubicado en la Calzada de Ayestarán del municipio El Cerro, la principal tienda de Santiago de las Vegas en Boyeros, y diversas instalaciones en el boulevard de Centro Habana, han cesado sus operaciones abruptamente, dejando a los consumidores en un estado de total desamparo informativo y material.
La agonía de estos comercios no fue repentina, sino un lento desangre planificado. Gradualmente, los anaqueles se fueron vaciando sin recibir reabastecimientos por parte de las empresas estatales de comercio, mientras el personal laboral permanecía en un estado de inactividad forzosa. Los empleados, imposibilitados para brindar respuestas coherentes a una clientela cada vez más desesperada, vegetaban en instalaciones fantasma que funcionaban más como escenografías de una normalidad inexistente que como verdaderos centros de distribución de bienes y servicios para el pueblo.
El desdén hacia el MLC se ha propagado como un reguero de pólvora, no solo en la cúpula del poder, sino también en la base social y económica del país. En el mercado informal de divisas, el valor de esta moneda virtual ha sufrido una estrepitosa caída, cotizándose a razón de un MLC por cada 200 pesos cubanos. A pesar de esta devaluación frente al peso nacional, el MLC es rechazado de plano en la inmensa mayoría de los comercios privados y estatales, resultando una tarea titánica encontrar a alguien en el sector empresarial dispuesto a aceptarlo como forma de pago válida para sus transacciones.
La incertidumbre financiera cunde entre los poseedores de tarjetas con saldos en MLC. El temor generalizado es que, replicando el traumático y abusivo proceso vivido con la extinción del CUC, las autoridades dicten un plazo perentorio para canjear estos saldos en los bancos estatales. El detalle macabro de esta eventual transacción radica en el tipo de cambio oficial fijado arbitrariamente por el gobierno cubano, que establece una paridad de 120 pesos cubanos por cada MLC, una tasa que ignora por completo la realidad del mercado informal y que representaría una confiscación encubierta del ahorro popular.
Esta operación de cambio forzoso sería profundamente lesiva para la economía familiar de la isla. El origen de los saldos en MLC no proviene de la nada; en su gran mayoría, son el resultado de los depósitos en dólares o euros realizados por los cubanos, muchas veces gracias a las remesas enviadas por el exilio o el esfuerzo de trabajadores del sector privado. Canjear esos fondos a una tasa oficial inferior a la del mercado es, en la práctica, una expropiación de la moneda dura de los ciudadanos, enriqueciendo las arcas del Estado a costa del empobrecimiento acelerado de las familias cubanas.
El colapso del MLC tiene consecuencias sociales devastadoras, especialmente para aquellos sectores que no tienen acceso a la moneda verde o a remesas en efectivo. Con la desaparición de estas tiendas, las posibilidades de adquirir bienes de primera necesidad, ropa, calzado y artículos para el hogar se reducen a la mínima expresión. La oferta estatal, ya de por sí raquítica e ineficiente, se vuelve inexistente para quienes no cuentan con billetes físicos en mano, profundizando la desigualdad, la marginación y la exclusión económica dentro de la sociedad cubana actual.
Ante la ausencia total del Estado y su incapacidad para garantizar el suministro básico, la población sin acceso al dólar se ve obligada a recurrir a las denominadas «ventas de garaje» para suplir sus necesidades más elementales. Si bien en estos espacios privados pueden hallarse artículos de buena calidad, su naturaleza intrínseca es la comercialización de productos de segunda mano. Esta limitación en la oferta de bienes de consumo primario obliga a los cubanos a vestirse con prendas usadas, una realidad que dista mucho de la dignidad y el progreso social que alguna vez se prometió.
La escasez crónica y la ingeniería financiera del régimen se desarrollan en medio de la gran paradoja de la prometida «desdolarización» anunciada con bombos y platillos por el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Lejos de estabilizar la economía, las medidas implementadas han generado un caos monetario donde conviven múltiples tasas de cambio, un peso cubano depreciado sin freno, un MLC moribundo e inútil, y un dólar físico inalcanzable para la mayoría. La política económica del país se reduce a ensayos erráticos que no atacan el problema de fondo: la nula productividad del modelo impuesto por la dictadura.
Contexto: La ingeniería monetaria del castrismo y su fracaso histórico
La historia económica reciente de Cuba bajo la dictadura está plagada de experimentos monetarios que han terminado en estrepitosos fracasos y empobrecimiento colectivo. Desde la eliminación del peso cubano convertible (CUC), que dejó a miles de ciudadanos con saldos intocables en cajas de ahorro durante años, hasta la implementación del MLC durante la pandemia como mecanismo desesperado para captar divisas sin tener que importar billetes físicos ante la crisis de liquidez, el régimen ha utilizado la política monetaria como un instrumento de control social y exacción financiera.
La introducción del MLC fue presentada oficialmente como una solución temporal para la escasez de efectivo en moneda dura, obligando a la población a usar tarjetas magnéticas vinculadas a cuentas en dólares u otras divisas extranjeras. Sin embargo, la falta de reabastecimiento sistemático a estas tiendas y la posterior e improvisada apertura de comercios exclusivos en dólares físicos revelaron que el MLC fue solo un puente temporal diseñado para extraer el máximo de divisas posible de las manos de la población antes de descartarlo como un trasto inútil. Esta constante manipulación del sistema financiero refleja la incapacidad crónica del régimen de La Habana para generar riqueza por vías productivas, dependiendo eternamente de la extracción de la moneda dura que posee la población o la diáspora.
Un modelo que traiciona sus propias promesas
Resulta una ironía amarga y profundamente cruel recordar que, en las décadas de los años 60 y 70, los académicos e intelectuales orgánicos del castrismo proclamaban a los cuatro vientos que la «ley económica fundamental del socialismo» era la satisfacción de las necesidades siempre crecientes de la población. Aquella retórica, hoy completamente desmantelada por la cruda realidad de las calles, contrasta de forma grotesca con una Cuba donde el ciudadano común no puede acceder a una prenda de vestir nueva ni a alimentos básicos sin recurrir a mercados paralelos, a la caridad del exterior o al sacrificio de ahorros acumulados con enorme esfuerzo.
La muerte anunciada del MLC no es más que el último capítulo de una larga historia de ineptitud gubernamental, improvisación y desprecio absoluto por el bienestar ciudadano. Mientras la cúpula del poder mantiene sus privilegios, sus lujos y su acceso a bienes de primera calidad, la base social es empujada hacia la precariedad absoluta, obligada a navegar en un laberinto de devaluaciones, escaseces y promesas incumplidas. La dictadura ha demostrado, una vez más, que su única capacidad productiva es la generación de miseria, desesperanza y desigualdad para el pueblo de Cuba.
