El gobierno cubano ha anunciado la expansión de su red de tiendas estatales para la comercialización de motocicletas en moneda libremente convertible, una medida que, lejos de resolver la profunda crisis de movilidad en la Isla, evidencia la desconexión de la cúpula con la realidad económica de la mayoría ciudadana. Mientras se promueve el acceso a vehículos de lujo para quienes disponen de remesas o divisas, el sistema de transporte público tradicional se desmorona, dejando a millones de cubanos sin opciones para desplazarse.
El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, informó a través de sus redes sociales sobre la actualización de la lista de entidades importadoras y comercializadoras autorizadas para vender ciclomotores y motocicletas. Según la versión oficial, esta iniciativa forma parte de la implementación de «alternativas para facilitar la movilidad de las personas». Sin embargo, detrás de este supuesto esfuerzo institucional se esconde una realidad ineludible: la inmensa mayoría de la población, que sobrevive con salarios devaluados en moneda nacional, se encuentra completamente al margen de estas alternativas comerciales.
El régimen de La Habana ha difundido infografías detallando los contactos y ubicaciones de los establecimientos donde se pueden adquirir estos vehículos en divisas convertibles. La mayoría de estas tiendas se concentran en la capital, aunque se reporta una dispersión limitada hacia el resto del territorio nacional. El propio titular del Ministerio de Transporte reconoció la alta demanda de ciertos modelos, exhortando a la población a compartir sus experiencias de compra, un llamado que resulta una burla para quienes no pueden permitirse adquirir ni siquiera una bicicleta en el mercado estatal.
Mientras el gobierno cubano enfoca sus esfuerzos logísticos en la venta de motocicletas en dólares, la realidad del transporte público es desoladora. Durante las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el régimen se vio obligado a admitir la magnitud del desastre operativo, reconociendo que apenas se ha cumplido el 68 % del plan de transportación de pasajeros. Esta fría estadística se traduce en más de 400 millones de viajes que no llegaron a realizarse, afectando profundamente la vida cotidiana, el acceso al empleo y la educación de la población.
El colapso del sector no distingue entre modalidades; el transporte urbano, interprovincial, ferroviario, marítimo y aéreo se encuentran en estado crítico. El transporte automotor urbano, columna vertebral de la movilidad ciudadana, logró cubrir apenas el 35 % del plan previsto. En el caso específico de La Habana, más del 50 % de los ómnibus estatales están fuera de servicio, lo que ha provocado la suspensión de más de 90 rutas urbanas esenciales, sumiendo a la capital en un caos diario durante las horas pico.
La situación en las zonas rurales y provincias interiores es aún más alarmante. Los servicios rurales, vitales para conectar comunidades aisladas, se desplomaron hasta un exiguo 19-26 % de cumplimiento. Provincias como Granma, Las Tunas y Cienfuegos figuran entre las más golpeadas por el abandono institucional. El aislamiento geográfico se convierte así en un aislamiento social y económico, profundizando las desigualdades territoriales que la dictadura históricamente ha ignorado o manipulado.
El sistema ferroviario, otrora un símbolo de la infraestructura nacional, está prácticamente paralizado. El cumplimiento del plan no superó el 85 %, con afectaciones severas en rutas troncales como Santa Clara–Nuevitas y Cienfuegos–La Habana. La escasez crónica de locomotoras, vagones en mal estado, falta de piezas de repuesto y continuas averías han convertido los viajes en tren en una odisea interminable para los pocos cubanos que aún se atreven a utilizar esta vía.
El transporte marítimo tampoco escapa a la ruina. Las operaciones entre el puerto de Batabanó y la Isla de la Juventud dependen de catamaranes deteriorados que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros. Las conexiones en lancha hacia zonas costeras están severamente limitadas por el mal estado técnico de las embarcaciones. Aunque los medios oficiales han mencionado la supuesta intención de adquirir un nuevo catamarán, la falta de detalles y la inexistencia de un cronograma confirman que se trata de otra promesa vacía del régimen.
Ante la inoperancia estatal, miles de ciudadanos se han visto obligados a depender del transporte informal, un sector donde la oferta y la demanda operan sin ningún tipo de regulación protectora para el usuario. Los precios en este mercado paralelo se han disparado de manera exorbitante, obligando a las familias a destinar una porción insostenible de sus ingresos simplemente para poder desplazarse a sus centros de trabajo. La dictadura, responsable última de este fracaso, mira hacia otro lado mientras el ciudadano asume el costo total de la ineficiencia.
Contexto: La dolarización forzosa y el abandono de lo público
La crisis del transporte en Cuba no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de décadas de mala gestión, centralización económica extrema y falta de inversión por parte del régimen de La Habana. Desde la crisis de los años noventa, conocida como Período Especial, la infraestructura del país ha sufrido un deterioro continuo que las autoridades nunca lograron revertir. La flota de vehículos estatales es obsoleta, y la falta de combustible, agravada por la dependencia de aliados externos y la incapacidad de generar ingresos propios, ha mermado cualquier intento de recuperación del sector.
En este escenario de escasez, el gobierno cubano ha encontrado en la dolarización de la economía una válvula de escape para captar divisas frescas. La apertura de tiendas en moneda libremente convertible para la venta de vehículos, electrodomésticos y alimentos crea una sociedad profundamente dividida: aquellos con acceso a remesas del extranjero y aquellos que sobreviven exclusivamente con el peso cubano, una moneda sin valor real en el mercado internacional. La venta de motocicletas en divisas es un reflejo de esta política discriminatoria, donde el Estado abandona su responsabilidad de garantizar servicios públicos universales para enfocarse en un nicho comercial rentable.
Cierre: La movilidad como privilegio, no como derecho
El anuncio del Ministerio de Transporte sobre la expansión de tiendas de motocicletas en divisas es, en esencia, una declaración de principios del régimen. La movilidad, un derecho fundamental para el desarrollo humano, ha sido transformada en un privilegio inalcanzable para las grandes mayorías. Mientras la cúpula de poder se jacta de facilitar «alternativas», más de 400 millones de viajes planificados se esfuman en el aire, dejando tras de sí a una población exhausta que camina kilómetros diarios bajo el sol caribeño para sostuir la inoperancia del Estado.
La verdadera solución a la crisis del transporte en Cuba requiere un cambio estructural que el gobierno cubano se niega a abordar: la apertura de la economía, la permisibilidad de la libre empresa sin trabas burocráticas y la inversión extranjera real que renueve la flota y la infraestructura. Sin embargo, la dictadura prefiere mantener su control absoluto sobre los recursos, sacrificando el bienestar y el tiempo de los cubanos en el altar de la ideología. La red de tiendas en divisas no es un alivio para la crisis; es el epitafio de un sistema de transporte público que ha muerto por decisión de sus propios gestores.
