El régimen de La Habana prepara la aprobación de un nuevo Código de Trabajo tras un proceso de consulta que desestimó más de 33.000 propuestas de los trabajadores, equivalente al 35% del total. El anteproyecto, que será sometido a la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio, mantiene la estructura de control sobre el sector laboral y refuerza la hegemonía de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), frente al rechazo masivo de los trabajadores no estatales a afiliarse a organizaciones oficialistas.
Según datos difundidos por la prensa oficial, la consulta del anteproyecto se desarrolló en más de 40.000 reuniones entre colectivos estatales, trabajadores por cuenta propia y mipymes. De las 96.250 propuestas emitidas, las autoridades de la isla aceptaron parcial o totalmente poco más de la mitad, mientras que descartaron 33.687 y clasificaron otras 2.816 como \»no competentes\». La opacidad del proceso, fragmentado en pequeños grupos de debate, impide conocer con exactitud el contenido de las propuestas desestimadas, aunque analistas apuntan a que estas podrían incluir demandas por el derecho de huelga, eliminado desde 1961, o la creación de sindicatos ajenos a la CTC.
La supresión del derecho a la huelga en los inicios de la década de los 60, calificada en su momento como un acto \»contrarrevolucionario\», marcó el inicio de la subordinación del movimiento obrero al Estado. La dictadura cubana consolidó entonces el desplazamiento de los líderes obreros independientes para instaurar a la CTC como única central sindical permitida. Esta organización ha funcionado históricamente como un apéndice del aparato estatal, encargada de transmitir las directrices del poder y movilizar a la fuerza laboral, más que de defender los derechos de los trabajadores frente a las empresas estatales o el gobierno.
Rechazo al sindicalismo oficialista en el sector no estatal
La desconexión entre las bases laborales y la maquinaria sindical oficialista se hace evidente en el creciente sector no estatal. Un reciente reporte en el periódico oficial Trabajadores evidenció que casi el 80% de los trabajadores por cuenta propia en la provincia de Artemisa rechaza afiliarse a los sindicatos de la CTC. A pesar de que estos sectores han demostrado solidaridad social —donando sangre, participando en labores de reconstrucción tras desastres naturales y apoyando a menores vulnerables—, los trabajadores prefieren mantenerse al margen de una estructura que consideran carente de representatividad real y enfocada en el control ideológico.
Este rechazo al sindicalismo de Estado ocurre en medio de una profunda crisis estructural que ha destruido el poder adquisitivo de los salarios, disparado la inflación y empujado a un masivo éxodo migratorio. El nuevo Código de Trabajo, al ignorar las demandas de organización independiente y mantener el monopolio de la CTC, no ofrece respuestas reales a la precariedad laboral que sufre la ciudadanía. La aprobación de esta ley por parte del ejecutivo cubano no solo perpetuará la falta de libertades sindicales en la isla, sino que ahondará la fractura entre un Estado que impone sus reglas y una clase trabajadora que sobrevive al margen de las instituciones oficiales.
