Fiscales federales en Nueva York indagan actualmente si el empresario tecnológico Neville Roy Singham utilizó una compleja red de organizaciones sin fines de lucro para canalizar cientos de millones de dólares de forma ilícita hacia grupos activistas, en un caso que expone los históricos vínculos de este financista con el régimen de La Habana y sus operaciones de influencia internacional.
Según reportes de medios estadounidenses, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York habría convocado a un gran jurado para esclarecer el recorrido de los fondos. Las autoridades buscan determinar si Singham incurrió en delitos como lavado de dinero, fraude bancario y fraude electrónico al utilizar fondos asesorados por donantes, empresas fantasma y entidades sin fines de lucro para ocultar el origen y destino final de los recursos.
El escrutinio a Goldman Sachs y el fondo filantrópico
Uno de los focos de la indagatoria recae en un fondo asesorado por donantes administrado por Goldman Sachs. Reportes indican que el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, se reunió a inicios de año con el director ejecutivo del banco, David Solomon, para analizar el papel de la entidad. A través de este vehículo financiero, Singham habría canalizado más de 110 millones de dólares en donaciones. Goldman Sachs ha negado cualquier irregularidad, argumentando que las donaciones se dirigieron a organizaciones exentas de impuestos reconocidas por el IRS, y que el fondo fue cerrado a principios de 2024 sin nuevas distribuciones desde agosto de 2023.
Conexiones históricas con la dictadura cubana
El caso trasciende las fronteras financieras estadounidenses para tocar directamente la realidad de la isla. Investigaciones periodísticas previas, como la realizada por el medio ADN Cuba, documentaron cómo organizaciones vinculadas a la red de Singham financiaron viajes a Cuba de activistas que posteriormente protagonizaron protestas en la Universidad de Columbia. Asimismo, se ha reconstruido el histórico acercamiento de la familia Singham a las autoridades de la isla, evidenciando cómo la dictadura cubana ha aprovechado redes de financiamiento extranjeras para proyectar su narrativa, mitigar su aislamiento internacional y operar redes de influencia.
Esta estrategia de injerencia responde a la necesidad estructural del régimen de La Habana de sostener su legitimidad ante una profunda crisis económica y social interna, así como de silenciar o desviar las críticas a su política represiva. La pesquisa federal, que aún no ha derivado en cargos penales, marca un hito en el escrutinio hacia las estructuras de captación de fondos que nutren el activismo político en EE.UU. y que, simultáneamente, sirven de correa de transmisión para los intereses del régimen. De confirmarse las irregularidades financieras, las consecuencias podrían desarticular una de las principales fuentes de injerencia de la dictadura cubana en el exterior, obligando a las autoridades financieras a reforzar el control sobre las ONG que actúan como fachadas para regímenes autoritarios.
