Fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York han abierto una investigación para determinar si el empresario tecnológico Neville Roy Singham utilizó una compleja red de organizaciones sin fines de lucro para canalizar ilegalmente cientos de millones de dólares hacia grupos activistas, en un caso que pone bajo la lupa las operaciones de influencia del régimen de La Habana en territorio estadounidense.
Según informaron medios estadounidenses, la pesquisa está a cargo de la Fiscalía Federal e incluye la actuación de un gran jurado que ya ha emitido citaciones para solicitar registros bancarios. Los investigadores buscan establecer si esta estructura financiera, compuesta por fondos asesorados por donantes y empresas fantasma, se utilizó para ocultar el origen y destino de los recursos, incurriendo en posibles delitos de lavado de dinero, fraude bancario y fraude electrónico. Hasta el momento, no se han presentado cargos penales y los procedimientos del gran jurado permanecen bajo estricta reserva.
Uno de los ejes centrales de la indagatoria es un fondo filantrópico administrado por Goldman Sachs. A través de este mecanismo, Singham habría canalizado más de 110 millones de dólares en donaciones. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunió a principios de este año con el director ejecutivo del banco, David Solomon, para analizar el papel de la entidad en estas transacciones. Goldman Sachs ha negado cualquier irregularidad, asegurando que los fondos se destinaron a organizaciones exentas de impuestos reconocidas por el IRS y que el fondo fue cerrado a comienzos de 2024, sin nuevas distribuciones desde agosto de 2023.
El nexo con La Habana y las operaciones de influencia
La investigación arroja luz sobre el papel de Singham como financista de redes activistas que han servido de correas de transmisión para los intereses del gobierno cubano en el exterior. En 2024, investigaciones periodísticas documentaron cómo organizaciones vinculadas a Singham financiaron viajes a Cuba de activistas que posteriormente protagonizaron protestas en la Universidad de Columbia. Estos vínculos evidencian cómo la dictadura cubana ha utilizado históricamente a terceros para infiltrar y financiar movimientos sociales en el exterior, con el objetivo de desviar la atención de la profunda crisis económica, social y de derechos humanos que sufre la isla.
El escrutinio de las autoridades federales sobre esta red podría revelar la magnitud de los mecanismos de financiamiento ilícito que apoyan a grupos de presión alineados con el régimen de La Habana. En el plano internacional, los resultados de esta pesquisa podrían forzar a las entidades bancarias a endurecer sus controles sobre fondos de origen opaco y reabrir el debate sobre el uso de plataformas filantrópicas como vehículos de influencia extranjera. Para la ciudadanía, el avance de la justicia estadounidense representa un paso clave para desarticular las redes de influencia que el régimen de La Habana teje en el extranjero para legitimar su autoridad y proyectar una imagen de respaldo internacional que enmascare el deterioro interno de la isla.
