El gobierno de Estados Unidos impuso recientemente sanciones al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) tras revelarse sus vínculos con redes de influencia extranjera que conectan a la dictadura cubana con grupos extremistas islámicos y activistas occidentales. La medida evidencia el papel de La Habana como intermediario en campañas de desestabilización y propaganda internacional.
Las acciones de Washington se produjeron tras la publicación de una investigación que detallaba cómo el régimen de La Habana utiliza al ICAP para enlazar a movimientos militantes alineados con Irán con organizaciones marxistas en Occidente. Además de las sanciones al ICAP, el Departamento del Tesoro amplió las restricciones contra el conglomerado militar GAESA. Asimismo, fue designada Annalie Lilliam Rueda Cardero, colaboradora del medio Resumen Latinoamericano y esposa de Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro.
Informes recientes confirman que los Departamentos de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos mantienen investigaciones abiertas sobre organizaciones sin fines de lucro y grupos activistas estadounidenses. Estas entidades presuntamente se han coordinado con las autoridades de la isla para ejecutar campañas de influencia extranjera, un fenómeno que subraya la operatividad de la dictadura cubana más allá de sus fronteras y su injerencia en la política de otras naciones.
El ICAP y la red de influencia internacional
El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, señalado repetidamente por analistas como un apéndice del aparato de inteligencia cubano, se encarga de organizar viajes a la isla para activistas extranjeros. La organización mantiene relaciones con aproximadamente 2.000 entidades a nivel global, entre las que figuran CodePink, el Partido por el Socialismo y la Liberación (PSL), los Socialistas Democráticos de América (DSA) y la coalición proiraní al-Tajammu.
En 2022, el ICAP y al-Tajammu formalizaron un acuerdo de cooperación. Según el Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo de Israel, esta coalición mantiene lazos con Hezbolá y su junta directiva incluye a miembros asociados a organizaciones terroristas designadas por Washington, como los hutíes, la Yihad Islámica Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).
La presencia del FPLP en Cuba se consolidó en 2017 con la llegada de Musa Ahmed Jaber, quien estableció una representación oficial del grupo en La Habana. Desde entonces, la capital cubana ha servido como plataforma para el desarrollo de actividades políticas y de propaganda dirigidas a audiencias internacionales, contando con la complicidad del gobierno cubano para facilitar estas operaciones.
Estos hechos no son incidentes aislados, sino que forman parte del comportamiento internacional del régimen. Ante la incapacidad para sostener la economía interna y el creciente rechazo ciudadano, el gobierno cubano ha intensificado su búsqueda de alianzas con actores radicales para lavar su imagen y desviar la atención de la crisis estructural que sufre la isla. Esta estrategia de supervivencia no solo profundiza el aislamiento diplomático de La Habana frente a las democracias occidentales, sino que augura futuras medidas coercitivas por parte de Washington, las cuales podrían recortar aún más los ya mermados ingresos del Estado y agravar la precariedad de la población cubana.
