Ante la peor crisis energética de las últimas décadas, con apagones que superan las 20 horas diarias y cinco desconexiones nacionales del sistema eléctrico en el último año, las autoridades de la isla concentran recursos técnicos y financieros internacionales en 16 hoteles de Varadero y Jardines del Rey para optimizar su consumo eléctrico, dejando en evidencia la desconexión entre las prioridades del Estado y las necesidades básicas de los ciudadanos.
El denominado Proyecto Internacional Turismo Sostenible, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y respaldado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha comenzado a instalar sistemas automatizados de medición del consumo eléctrico en instalaciones del Ministerio de Turismo. Según informaciones de la prensa oficial, estos polos turísticos recibirán sensores, convertidores de señales y estaciones meteorológicas automáticas para construir modelos detallados de gasto energético y certificar normas de gestión ambiental.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) describe esta iniciativa, con un horizonte de seis años (2023-2029), como un esfuerzo para integrar la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático en zonas costeras marino-vulnerables. El gobierno cubano justifica la inversión en la industria sin humo argumentando que es una fuente vital de ingresos para el país. Sin embargo, la narrativa oficial de modernización energética contrasta drásticamente con la realidad cotidiana de una nación cuya infraestructura eléctrica se encuentra al borde del colapso.
El contraste entre el turismo y el colapso cotidiano
Mientras los enclaves turísticos de Cayo Coco, Cayo Guillermo y Varadero reciben tecnología de punta para reducir su huella de carbono, la ciudadanía común enfrenta cortes de luz que en numerosas localidades rebasan las 20 horas diarias. Esta disparidad subraya una crisis estructural más profunda: la falta de mantenimiento de la red eléctrica nacional, la obsolescencia de las termoeléctricas y la ausencia de una planificación estratégica por parte del régimen de La Habana para garantizar un servicio básico a su población.
La decisión de priorizar el confort y la sostenibilidad certificada para el turismo extranjero, en detrimento del bienestar de los residentes, revela la naturaleza de la dictadura cubana, que privilegia la captación de divisas por encima de los derechos fundamentales de la población. El desabastecimiento energético no solo afecta la iluminación, sino que agrava la crisis alimentaria al imposibilitar la refrigeración de alimentos y paraliza el ya mermado sector productivo nacional.
La apuesta por un turismo sostenible, financiada con cooperación internacional, parece destinada a fracasar en su objetivo de mejorar la imagen del país si el colapso sistémico persiste. A futuro, la perpetuación de esta desigualdad en el acceso a recursos energéticos podría profundizar el descontento social y el éxodo migratorio, al tiempo que la comunidad internacional deberá reevaluar el impacto real de sus fondos de cooperación en un país donde la modernización se reserva para los visitantes, mientras la mayoría permanece a oscuras.
