Una familia que logró sobrevivir al colapso de un edificio en la calle Compostela, en La Habana Vieja, fue trasladada por el régimen de La Habana a un antiguo depósito de desperdicios, evidenciando la precariedad institucional para atender a las víctimas de la crisis habitacional. El siniestro, que dejó dos personas fallecidas, expone una vez más el abandono sistemático del fondo inmobiliario en la capital cubana.
Tras el desplome parcial del inmueble ocurrido en la madrugada del pasado domingo, el ejecutivo cubano trasladó a una familia compuesta por una mujer de 52 años, su hermano, su hija y cuatro nietos menores de edad a un local ubicado frente al edificio siniestrado. El lugar, que durante años funcionó como un almacén de materias primas y desechos, tuvo que ser desalojado a toda prisa, requiriendo la extracción de cuatro camiones de basura y escombros para improvisar un refugio. Los afectados denunciaron que las condiciones de este nuevo espacio son aún más críticas que las de la vivienda que se vino abajo, careciendo de las condiciones mínimas de habitabilidad.
El colapso estructural cobró la vida de Sara Paula Díaz, de 64 años, y su hijo Carlos Fidel Sánchez Díaz, de 38. Según relataron vecinos, Díaz fue durante 55 años trabajadora de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y una fiel militante del sistema. A pesar de su lealtad, sus constantes reclamos ante las instancias de Vivienda por las filtraciones y el mal estado del edificio fueron ignorados durante años. Residentes de la zona confirmaron que las quejas sobre el riesgo inminente de colapso eran un clamor recurrente que jamás recibió respuesta de las instituciones encargadas de la preservación del patrimonio.
El colapso estructural como síntoma del abandono estatal
El suceso en la calle Compostela no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de la política de desinversión social impulsada por el gobierno cubano. Mientras el Estado prioriza la construcción de hoteles de capital mixto para el turismo, el fondo habitacional de la capital se desmorona a un ritmo de aproximadamente mil viviendas anuales, según reconocen las propias autoridades de la isla. La falta de materiales de construcción y el mantenimiento nulo han convertido a La Habana Vieja en una zona de alto riesgo, donde a finales de septiembre otro inmueble colapsó en la cercana calle Sol, dejando a varias personas atrapadas.
La reubicación de los damnificados en un antiguo depósito de basura refleja la incapacidad del Estado para garantizar una vida digna a sus ciudadanos, empujándolos a albergues colectivos carentes de recursos básicos o forzándolos a habitar edificios condenados al derrumbe. Esta tragedia evidencia cómo la dictadura cubana vulnera sistemáticamente el derecho a la vivienda adecuada, dejando a su población a merced del deterioro físico y la inoperancia burocrática, mientras la crisis estructural del país continúa profundizándose sin soluciones reales a la vista.
