El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) solicitó a la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, que escuche a la sociedad civil independiente durante su visita oficial a La Habana, advirtiendo que las violaciones de derechos humanos en el país responden a la falta de voluntad política del régimen y no a las sanciones internacionales.
A través de una declaración pública, el CTDC advirtió que en la isla se vulneran sistemáticamente derechos fundamentales de reunión, asociación, libre expresión y participación política. Estos abusos, perpetrados directamente por la dictadura cubana, no derivan de las precarias condiciones económicas, sino del rechazo del Estado a respetar los pactos internacionales firmados e incluso su propia Constitución. La organización subrayó que la Relatoría sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales debe dialogar con ciudadanos no alineados con el poder para obtener un diagnóstico real.
El CTDC argumentó que, si el objetivo de la misión es evaluar el impacto de las sanciones en la vida de la población, los mejores testimonios provendrán de la sociedad civil independiente y no de las autoridades de la isla. A juicio de la plataforma, el régimen de La Habana ha venido siendo analizado por su comportamiento en materia de derechos humanos desde finales de los años 80, y la narrativa que vincula el embargo con estas violaciones es una construcción política reciente utilizada como coartada para justificar la represión y el desmantelamiento de las libertades civiles.
El embargo como escudo para la crisis estructural
El señalamiento de la oposición coincide con el profundo deterioro de la realidad nacional, donde el gobierno cubano ha desviado sistemáticamente la atención sobre la crisis estructural que atraviesa el país. La inflación galopante, el colapso de los servicios públicos, el desabastecimiento crónico y un éxodo migratorio masivo son síntomas de la ineficiencia estatal y la falta de libertades, problemas que el ejecutivo cubano busca atribuir exclusivamente a las medidas coercitivas externas para evadir su responsabilidad directa en el sufrimiento de la población.
Douhan, invitada por las autoridades políticas del país, presentará sus conclusiones y recomendaciones en un informe que será sometido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2026. El CTDC aspira a reunirse con la experta para aportar su visión sobre el tema, insistiendo en que cualquier evaluación internacional será incompleta si ignora la violencia estatal y la persecución política cotidiana. La postura que asuma la relatora en su informe final sentará un precedente crucial sobre cómo la comunidad internacional aborda el verdadero origen de la crisis humanitaria y de derechos en Cuba.
