Un tribunal de Pinar del Río confirmó una nueva condena de cuatro años de privación de libertad contra el activista Manuel de Jesús Rodríguez García, en un claro acto de represalia por protestar contra las precarias condiciones carcelarias. La decisión de la dictadura cubana impide la inminente libertad del opositor, quien ha respondido con autoagresiones en reclamo de sus derechos fundamentales.
El Tribunal Municipal Popular de Pinar del Río ratificó la sentencia por el presunto delito de \»atentado\», derivada de un incidente ocurrido en la prisión Kilo 5 ½. Durante una visita familiar, Rodríguez García y otros reclusos se quejaron ante las autoridades penitenciarias por la falta de agua y electricidad, deficiencias que evidencian el colapso estructural del sistema penal. Como represalia por exigir mejoras, el activista fue golpeado, sus víveres destruidos y posteriormente encausado con cargos fabricados para prolongar su encierro de manera arbitraria.
Represión carcelaria y respuesta desesperada
Ante la confirmación de la condena que le impedía recuperar su libertad tras extinguir una sanción anterior, el preso político de 35 años se cosió la boca y se hirió los brazos en el centro penitenciario Combinado de Sandino. Según testimonios de otros reclusos, la autoagresión es una medida desesperada frente a la arbitrariedad del régimen de La Habana. Las autoridades carcelarias respondieron descosiéndole la boca a la fuerza, manteniéndolo esposado durante horas y aislándolo en un destacamento de vigilancia, donde le suspendieron el derecho a la comunicación telefónica.
La madre del opositor, Nilda García Fleitas, denunció el hermetismo de las autoridades de la isla al negarle el acceso a su hijo durante varios días. Solo logró hablar con el director del penal, teniente coronel Euclides Reloba Baños, quien confirmó la segunda autoagresión del recluso tras la intervención de los guardias, pero se negó a que la mujer verificara su estado físico. Rodríguez García, campesino originario de Consolación del Sur, permanece privado de libertad desde 2016, cuando fue condenado a ocho años bajo figuras delictivas como \»desacato\» y \»difamación de héroes y mártires\», tácticas recurrentes de la dictadura para silenciar a los miembros de la Alianza Democrática Pinareña.
El caso de Rodríguez García ilustra el patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos en las cárceles cubanas, donde el hacinamiento y la falta de servicios básicos se combinan con la violencia institucional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había otorgado medidas cautelares de protección al activista ante el riesgo inminente de daños irreparables, un llamado que el gobierno cubano ha ignorado sistemáticamente. La prolongación injustificada de su condena refleja la política de aniquilación política del Estado, dejando a la disidencia sin opciones legales y a merced del abuso carcelario, mientras la comunidad internacional mantiene su escrutinio sobre la grave crisis de libertades en la isla.
