La relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, iniciará una visita oficial a Cuba para analizar el impacto del embargo estadounidense, en un contexto donde el régimen de La Habana mantiene un estricto control sobre la sociedad civil y persiste la violación sistemática de los derechos humanos.
La experta bielorrusa, que ocupa el cargo desde 2020, permanecerá en la isla del 11 al 21 de noviembre. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH), su misión consiste en examinar cómo las sanciones primarias, secundarias y el sobrecumplimiento bancario afectan sectores como la salud, la educación y la infraestructura energética. Las conclusiones de este viaje serán presentadas en un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2026. El cuestionario oficial también indaga sobre los efectos de la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, omitiendo cualquier revisión sobre las políticas internas que han provocado el colapso económico y social del país.
El enfoque exclusivo sobre las medidas coercitivas externas resulta funcional para el gobierno cubano, que históricamente ha utilizado el embargo como justificación para eludir su responsabilidad en la crisis estructural de la nación. Aunque el ejecutivo cubano mantiene una \»invitación permanente\» a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, la realidad demuestra que el acceso a la sociedad civil independiente es nulo o altamente restringido. Las autoridades de la isla han diseñado un escenario donde la relatora difícilmente podrá interactuar con sectores disidentes sin la intermediación o vigilancia del Estado.
Un escenario marcado por la represión y el hostigamiento
La visita se desarrolla en un entorno de \»espacio cívico completamente restringido\», tal como ha advertido Amnistía Internacional. La dictadura cubana mantiene un patrón documentado de hostigamiento, detenciones arbitrarias y reclusiones domiciliarias para impedir la participación de activistas, periodistas y familiares de presos políticos en encuentros internacionales. Organizaciones como Human Rights Watch han constatado que, pese a algunas excarcelaciones recientes, cientos de manifestantes detenidos tras las protestas de julio de 2021 continúan tras las rejas.
A esta coyuntura se suman informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que detallan operativos de vigilancia, citaciones ilegales y cortes selectivos de internet para inmovilizar a opositores. La entrada en vigor del nuevo Código Penal en 2022 ha intensificado la criminalización de la crítica. Herramientas jurídicas como el Decreto-Ley 370 y el Decreto-Ley 35 siguen siendo utilizadas por el régimen de La Habana para censurar la libertad de expresión en línea, obligando a las organizaciones no estatales a operar bajo constante amenaza de sanciones.
El resultado de esta misión de evaluación corre el riesgo de convertirse en un instrumento de validación para las narrativas oficiales si no se logra documentar con imparcialidad la represión interna. Mientras la comunidad internacional espera las recomendaciones de la ONU para 2026, la ciudadanía cubana continúa enfrentando el desabastecimiento, la inflación y el éxodo migratorio, crisis cuyas raíces no solo se encuentran en las sanciones externas, sino en la falta de libertades y en el control absoluto del Estado sobre la economía y la vida pública.
