Un profesional cubano contratado en Canadá por una empresa mixta entre el Estado insular y la compañía Sherritt International ha denunciado que el régimen de La Habana retuvo entre el 80% y el 90% de su salario anual, cifrado en cerca de 100.000 dólares. El testimonio, difundido por CBC News bajo anonimato para proteger a su familia en la isla, evidencia un patrón sistemático de explotación laboral y confiscación de ingresos por parte de las autoridades cubanas en el exterior.
El trabajador, quien laboró en la provincia de Alberta desempeñando las mismas funciones que sus colegas canadienses, detalló que su contrato estipulaba un ingreso competitivo a nivel internacional. Sin embargo, al llegar a territorio norteamericano, los supervisores enviados desde Cuba le exigieron transferir la mayor parte de sus emolumentos a cuentas controladas por el gobierno cubano. Ante la drástica reducción de sus ingresos, los profesionales cubanos se veían obligados a subsistir recurriendo a tiendas de segunda mano. Además, el denunciante señaló que existían órdenes expresas de evitar cualquier vínculo personal con ciudadanos locales y de no comentar las condiciones laborales, bajo la amenaza constante de que la embajada cubana descubriera cualquier desviación del protocolo impuesto.
La empresa canadiense Sherritt International ha declarado desconocer cualquier esquema de confiscación salarial, argumentando que los pagos se realizaban de forma íntegra. No obstante, investigaciones independientes sitúan este caso dentro de una maquinaria más amplia de control estatal sobre la fuerza laboral exportada. Las autoridades canadienses han indicado que están reforzando sus protocolos para detectar abusos en contrataciones internacionales, aunque no han confirmado investigaciones específicas contra esta joint venture. Hasta el momento, ni el ejecutivo cubano ni su diplomacia en Ottawa han respondido a las exigencias de explicación formuladas por la prensa.
Trabajo forzoso y vínculos con el conglomerado militar GAESA
Esta denuncia se suma a un expediente creciente de violaciones a los derechos laborales de los cubanos desplegados en el exterior bajo el eufemismo de \»misiones internacionalistas\». En septiembre pasado, la organización Archivo Cuba documentó un caso similar en Las Bahamas, donde profesionales enviados a la empresa New Providence Metal Marketing, Inc., vinculada a CubaNiquel y Sherritt, relataron condiciones equiparables al trabajo forzoso. En este esquema, se confiscaba hasta el 95% de los ingresos depositados en el Royal Bank of Canada en Nassau, para ser transferidos a una cuenta en La Habana administrada por el Banco Financiero Internacional, entidad subordinada al conglomerado militar GAESA.
La retención salarial, las restricciones de movilidad, la obligación de asistir a reuniones políticas y las entrevistas forzadas con agentes de la Seguridad del Estado configuran un sistema de subordinación total. Los trabajadores apenas retenían unos 500 dólares canadienses mensuales, de los cuales 150 eran nuevamente retenidos en Cuba, dejándoles apenas 262 dólares para sobrevivir en un país con un alto costo de vida. Todo esto ocurría bajo la prohibición absoluta de regresar a la isla si abandonaban la misión, lo que constituye una clara violación a los derechos humanos y a la libertad de movimiento.
Estas prácticas de la dictadura cubana no solo representan una forma de trata laboral, sino que revelan la desesperación del régimen por capturar divisas frente al profundo colapso económico y la hiperinflación que asfixian a la isla. La exposición de estos mecanismos de saqueo institucionalizado coloca a la comunidad internacional, especialmente a los gobiernos anfitriones y a las empresas implicadas, ante la obligación ineludible de auditar sus cadenas de contratación. La impunidad con la que el Estado cubano mercantiliza a sus profesionales augura que, sin sanciones firmes y supervisiones estrictas, la explotación de la fuerza laboral seguirá siendo una fuente vital de financiamiento para el aparato represivo en La Habana.
