La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció un plan de asistencia de 74,2 millones de dólares para asistir a las provincias orientales de Cuba tras el paso del huracán Melissa. La iniciativa busca atender a un millón de personas en una región donde las autoridades de la isla han demostrado incapacidad para mitigar el impacto de un desastre que ha dejado a 2,2 millones de habitantes en situación de vulnerabilidad.
La evaluación preliminar difundida por la Oficina del Coordinador Residente de la ONU en Cuba detalla un panorama devastador en Granma, Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. Aunque el gobierno cubano no ha ofrecido un balance oficial de víctimas, los datos de la organización internacional contabilizan daños en unas 60.000 viviendas y afectaciones a más de 460 centros de salud. La paralización de 1.552 escuelas, más de la mitad de los centros educativos de la zona, evidencia el colapso de la infraestructura pública en el oriente del país.
El impacto del meteoro se suma a la profunda crisis estructural que ya padecía la nación. La agricultura reportó la pérdida de más de 78.700 hectáreas de cultivos, un golpe crítico para la seguridad alimentaria en medio del desabastecimiento generalizado. Asimismo, el 75 % de la telefonía móvil y el 90 % de las estaciones de radio quedaron inoperativas, junto a severos daños en la red de fibra óptica. Estos fallos se agravan por la crisis energética previa, que mantiene a la población sumida en apagones prolongados.
Fondos internacionales y falta de rendición de cuentas
Para la ejecución de este plan de recuperación, la ONU exige coordinación con instituciones locales y actores comunitarios, priorizando la reconstrucción resiliente. Sin embargo, la gestión de la ayuda humanitaria por parte del régimen de La Habana levanta serias dudas sobre la transparencia. Previamente, la ONU había liberado cuatro millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) como acción anticipatoria, pero no existe información pública sobre su uso ni mecanismos independientes de fiscalización por parte de la dictadura cubana.
A la asistencia de la ONU se suman donaciones de otros actores internacionales, como los tres millones de dólares ofrecidos por Estados Unidos y los 400.000 dólares aportados por la Embajada de Noruega. No obstante, la historia reciente demuestra que el ejecutivo cubano gestiona estos recursos sin supervisión externa ni rendición de cuentas. Mientras la ayuda internacional intenta paliar la emergencia, los ciudadanos continúan enfrentando la escasez de agua potable, alimentos y la falta de servicios básicos.
La situación en el oriente de la isla refleja no solo la furia de un fenómeno climático, sino la vulnerabilidad de un país sumido en una crisis sistémica. La respuesta internacional, aunque necesaria, choca con el hermetismo de un sistema que prioriza el control político sobre el bienestar de su población, dejando a las comunidades afectadas a la espera de soluciones que el Estado ha sido incapaz de garantizar por décadas.
