El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció que el restablecimiento del servicio eléctrico en Santiago de Cuba enfrenta una situación altamente compleja, dejando a la mayor parte de las provincias orientales sin energía. La crisis, agravada por el paso de un huracán, expone una vez más la fragilidad de un sistema energético nacional sumido en el abandono y la falta de inversión.
Durante una sesión del Consejo de Defensa Nacional, el titular de Energía justificó la lentitud en la recuperación del fluido eléctrico en Santiago de Cuba debido a los cuantiosos daños en las redes de distribución, lo que imposibilita la formación de microsistemas. Las autoridades de la isla informaron que se han puesto en marcha los motores de Moa y las turbinas del Níquel, con la expectativa de incorporar la Unidad No. 1 de la Central Termoeléctrica (CTE) Felton al sistema en las próximas horas para intentar energizar la CTE Renté, la cual permanece inactiva.
El panorama en el resto del oriente cubano es igualmente desolador. En Guantánamo, el 66% de la población permanece sin electricidad, mientras que en Granma la cifra alcanza al 83% de los habitantes, una tragedia agravada por la caída de seis torres de alta tensión entre Cueto y Bayamo. En Las Tunas, apenas 48.000 clientes cuentan con servicio. El ejecutivo cubano también reportó 98 transformadores afectados y múltiples postes caídos o recostados, además de confirmar que las mini hidroeléctricas de la región están inundadas y permanecen inoperativas.
Una crisis estructural que impulsa el éxodo
Más allá de los daños provocados por el evento meteorológico, la situación energética en toda la isla refleja una crisis estructural profunda, caracterizada por la falta crónica de combustible y el envejecimiento de las infraestructuras. El parte diario de la estatal Unión Eléctrica revela un déficit de 1.073 megavatios, con una disponibilidad de apenas 1.527 MW frente a una demanda de 2.600 MW. Este colapso sostenido de los servicios básicos, sumado a la represión y la falta de libertades impuesta por la dictadura cubana, ha convertido la precariedad cotidiana en uno de los principales catalizadores del imparable éxodo migratorio que enfrenta la nación.
La incapacidad del gobierno cubano para garantizar un servicio mínimo de electricidad, evidencia el fracaso de su modelo de gestión centralizada y la falta de mantenimiento preventivo durante décadas. Mientras el régimen de La Habana prioriza el control político sobre el bienestar de la ciudadanía, los cubanos continúan sufriendo las consecuencias de un apagón que no parece tener una solución a corto plazo, profundizando el desespero social, el colapso de la economía local y la desconfianza absoluta en las instituciones oficiales.