Dos recientes episodios de violencia contra menores en Ciego de Ávila y La Habana han generado un profundo rechazo social, exponiendo además la desproporción del sistema judicial cubano, que impone condenas más severas a disidentes que a los responsables de abusos sexuales y maltrato infantil.
En la localidad de Ceballos, provincia de Ciego de Ávila, circulan en redes sociales videos que documentan una alarmante agresión física de una madre hacia su hija menor de edad, presuntamente motivada por el rendimiento académico de la niña. Las imágenes muestran a la agresora, identificada por la activista Yamilka Lafita como Elizabeth González Díaz, propinando golpes en la cabeza y el cuerpo de la menor, mientras profiere amenazas de muerte. La gravedad del hecho se agrava por la actitud de un tercer individuo que graba la escena con frialdad y obliga a otro de los hijos de la agresora a verter agua fría sobre la víctima para limpiar la sangre, sometiéndolo a una severa tortura psicológica.
Este suceso se suma a otro reciente fallo judicial que ha generado indignación pública por su evidente benevolencia. El Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó a ocho y diez años de privación de libertad a Daima Rodríguez Núñez y Carlos Díaz González, respectivamente, por delitos de corrupción y abuso sexual de menores. La pareja sometió a cuatro niñas, hijas de la acusada, a un estado de abandono extremo, desnutrición y mendicidad forzada para financiar su consumo de alcohol, además del abuso sexual perpetrado por Díaz González con la complicidad de la madre. La sentencia ha sido duramente criticada al contrastarse con las condenas de 15 años o más que la dictadura cubana impone de manera habitual a los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta pacífica.
Un sistema judicial al servicio del control político
La inacción ante la violencia doméstica y la desproporción en las penas por delitos comunes frente a los delitos de opinión reflejan la crisis estructural que atraviesa la isla. El régimen de La Habana ha desmantelado las instituciones encargadas de proteger a los sectores vulnerables, dejando a la niñez en un estado de absoluto desamparo. Mientras las autoridades de la isla destinan vastos recursos a la vigilancia, el acoso y el encarcelamiento de voces críticas, los servicios de asistencia social y protección al menor colapsan bajo el peso de la ineficiencia burocrática y la falta de presupuesto, agravado por el éxodo migratorio de profesionales del sector.
La impunidad con la que operan los agresores en el entorno familiar y las penas irrisorias impuestas por tribunales subordinados al interés del Partido Único auguran un futuro sombrío para las nuevas generaciones. La situación exige una respuesta contundente de la comunidad internacional y de los organismos defensores de los derechos humanos, no solo para exigir la libertad de los presos políticos, sino para denunciar el abandono sistemático al que el gobierno cubano somete a su población más vulnerable en medio de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país.
