El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reconoció la muerte de tres personas a causa del dengue en lo que va de año, una admisión que llega después de semanas de desmentidos gubernamentales y creciente alarma social. La viceministra Carilda Peña García confirmó la transmisión del virus en 36 municipios de 12 provincias, evidenciando un colapso sanitario que las autoridades de la isla intentaron ocultar hasta que la presión ciudadana las obligó a rectificar.
La comunicación oficial, carente de detalles sobre las edades, fechas o provincias de las víctimas, contrasta con la actitud de altos funcionarios del régimen de La Habana. Hace apenas unos días, el director nacional de Epidemiología, Francisco Durán García, negaba de manera categórica cualquier fallecimiento vinculado a arbovirosis en el país, específicamente en Matanzas. Sin embargo, denuncias en redes sociales evidenciaban casos como el de un joven de 35 años, presuntamente fallecido por dengue hemorrágico en esa misma provincia, desmintiendo la narrativa oficial.
Además del dengue, la viceministra alertó sobre la circulación simultánea de los virus chikungunya —con mayor incidencia actual— y Oropouche. Aunque aseguró la disponibilidad de insecticidas y abate para combatir el mosquito Aedes aegypti, la propia funcionaria admitió una limitación crítica: la falta de combustible. Peña García reconoció que la crisis energética impide realizar las grandes fumigaciones que se ejecutaban en el pasado, lo que mantiene los índices vectoriales en niveles extremadamente elevados.
Opacidad informativa y crisis estructural
La gestión de esta crisis sanitaria refleja una práctica habitual de la dictadura cubana: la manipulación de la información y la censura frente a emergencias que afectan a la población. Agencias internacionales han subrayado la opacidad de los datos ofrecidos por el ejecutivo cubano, los cuales omiten variables esenciales para comprender el alcance real de la epidemia. Este escenario se inserta en un contexto de colapso sistémico, donde la deficiencia de los servicios públicos, la escasez de recursos básicos y la falta de transparencia se entrelazan con la profunda crisis económica que ha impulsado el éxodo migratorio masivo de ciudadanos que buscan acceder a condiciones de vida dignas y atención médica funcional.
El reconocimiento tardío de las muertes por dengue no solo expone la vulnerabilidad del sistema de salud cubano, sino que reafirma la responsabilidad del poder en la desprotección de la ciudadanía. Mientras la propagación de arbovirosis sigue su curso agravada por la inoperancia estatal, la población continúa enfrentando el riesgo epidemiológico sin garantías institucionales reales, a la espera de que la comunidad internacional mantenga la vigilancia sobre los constantes abusos y omisiones del régimen en materia de derechos humanos y salud pública.
