El director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Francisco Durán, aseguró que no se han reportado fallecidos por la circulación simultánea de dengue, chikungunya y virus Oropouche, negando además el colapso del sistema de salud. Sin embargo, la emergencia epidemiológica golpea a una población que enfrenta hospitales en ruinas, escasez extrema de medicamentos y acumulación de desechos en las calles, evidenciando la incapacidad del gobierno cubano para garantizar la salud pública.
Durante su informe habitual, el epidemiólogo Francisco Durán García descartó los rumores sobre una supuesta muerte de 11 personas en una noche en la provincia de Matanzas, asegurando que el sistema de salud \»responde\» a la emergencia. El funcionario detalló que el dengue mantiene transmisión activa en 12 provincias, 36 municipios y 44 áreas de salud, con cuatro pacientes hospitalizados en estado grave o crítico. Asimismo, confirmó la presencia de chikungunya en expansión desde Matanzas y del virus Oropouche en 12 provincias, aunque con tendencia a la baja. Las declaraciones oficiales contrastan de forma abrupta con la realidad que padecen los cubanos en las salas de espera y centros asistenciales de toda la isla.
La narrativa institucional de control epidemiológico choca con la infraestructura deplorable de los hospitales. Los pacientes denuncian constantemente la falta de higiene, ausencia de camas, baños inutilizables y salas abarrotadas, lo que obliga a muchos a dormir en los pasillos o a acudir con sus propias sábanas y material médico. A la precariedad estructural se suma la escasez crónica de medicamentos. Analgésicos, sueros y antibióticos han desaparecido de las farmacias estatales, forzando a las familias a recurrir al mercado informal, donde un simple paracetamol puede costar el equivalente a varios días de salario.
Inacción estatal y crisis sanitaria estructural
La propagación de estos virus está directamente vinculada al deterioro del entorno urbano. Las calles, zanjas y patios de numerosos municipios se encuentran saturados de desechos sólidos y aguas albañales, ante la inexistencia de planes efectivos de saneamiento por parte de las autoridades de la isla. Este escenario ha convertido a barrios enteros en focos de reproducción para el mosquito Aedes aegypti. Ante esto, el régimen de La Habana ha optado por trasladar la responsabilidad a la ciudadanía, instándoles a eliminar criaderos y mantener medidas de higiene, una directriz imposible de cumplir cuando el Estado no garantiza ni la recogida de basura ni el suministro de agua potable de forma estable.
Frente al aumento sostenido de casos, el ejecutivo cubano ha comenzado a trasladar personal médico hacia Matanzas, una de las provincias más afectadas. Las autoridades locales reconocieron un severo déficit de trabajadores para el control vectorial, con apenas 777 activos de los 1.341 previstos. Esta respuesta tardía y carente de recursos evidencia la profunda vulnerabilidad del país frente a emergencias sanitarias, agravada por el éxodo migratorio de profesionales de la salud.
La gestión de esta crisis epidemiológica refleja una vez más el abandono institucional y la falta de previsión que caracteriza a la dictadura cubana. Mientras la propaganda oficial intenta maquillar la situación con partes médicos tranquilizadores, la ciudadanía enfrenta la amenaza de tres arbovirosis simultáneas en un entorno de pobreza, insalubridad y desabastecimiento, sin expectativas de una solución a corto plazo que alivie el colapso del sistema sanitario nacional y proteja la vida de los cubanos.
