Al conmemorarse el nonagésimo quinto aniversario de la muerte del estudiante Rafael Trejo durante una protesta contra el gobierno de Gerardo Machado, la historiografía oficial vuelve a instrumentalizar su figura. Sin embargo, el régimen de La Habana oculta que la familia del joven fue marginada por el sistema castrista, al tiempo que mantiene un silencio cómplice sobre las víctimas de la violencia estatal en la actualidad, como los caídos durante las protestas del 11J.
Hace noventa y cinco años, en las inmediaciones de la Universidad de La Habana, Trejo resultó mortalmente herido durante un enfrentamiento con la policía machadista. El joven de 22 años, convocado por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) para marchar contra la Prórroga de Poderes, falleció horas después a causa de una hemorragia interna. Aunque la historia oficial lo señala como la primera víctima de esa era, registros históricos indican que previamente ya habían sido asesinados líderes sindicales y figuras como Julio Antonio Mella, lo que demuestra la constante violencia estatal contra la disidencia en distintas etapas de la República.
La narrativa impulsada por el gobierno cubano ha calificado históricamente como \»mártires\» a quienes perdieron la vida en enfrentamientos armados, omitiendo las circunstancias reales de sus muertes. Esta construcción propagandística busca unificar bajo un mismo relato luchas de distintas épocas, desde el Grito de Yara hasta el ascenso de Fidel Castro. No obstante, este discurso oficialista ignora deliberadamente a las víctimas del terrorismo perpetrado por grupos insurgentes en décadas posteriores y, más recientemente, a los ciudadanos asesinados por la represión policial en manifestaciones pacíficas.
Represión histórica y silencio institucional
La manipulación del pasado contrasta de forma alarmante con la realidad del presente cubano. Mientras se rinde homenaje a figuras del siglo XX, la dictadura cubana silencia el asesinato de jóvenes como Diurvis Laurencio, quien fue baleado por la espalda por un agente policial en La Güinera durante las protestas del 11 de julio. Esta selectividad histórica evidencia una política de Estado diseñada para legitimar la violencia institucional contra quienes exigen libertades, criminalizando la protesta social y deshumanizando a las víctimas del autoritarismo actual.
La verdadera cara del régimen frente a sus supuestos ídolos quedó expuesta con el trato dado a la familia de Trejo. Su madre, Adela González, fallecida hace varias décadas, fue marginada a pesar de los intentos del ejecutivo cubano por utilizarla como \»madre de un mártir\» con fines de propaganda. Testimonios de allegados a la familia confirman que la viuda y su entorno sufrieron el abandono y la precariedad material bajo el mismo sistema que enarbolaba el nombre de su hijo para justificar su poder.
La tergiversación de la memoria histórica de Rafael Trejo no es más que una herramienta de control social utilizada por las autoridades de la isla. Al glorificar la violencia de épocas pasadas y censurar la represión contemporánea, el régimen busca justificar su falta de legitimidad democrática. La comunidad internacional y la sociedad civil cubana continúan exigiendo justicia por las víctimas de la represión reciente, demostrando que el relato oficialista se desmorona frente a la crudeza de un país que sigue sufriendo las consecuencias de la intolerancia y el uso de la fuerza bruta contra su propia ciudadanía.
