Un joven residente en La Maya fue sentenciado a casi dos décadas de prisión por tráfico de drogas sin que las autoridades presentaran evidencia material en su contra, en el marco de una nueva ofensiva del régimen de La Habana contra la delincuencia. El caso expone la subordinación del sistema judicial a la lógica del escarmiento y la violación sistemática del debido proceso en la isla.
El pasado mes de mayo, Pedro fue arrastrado a un juicio colectivo ejemplarizante tras pasar más de un año en prisión preventiva. Su detención se produjo semanas después del arresto de Julio y Ana en un ómnibus procedente de Santiago de Cuba, a quienes se les ocupó efectivo y unos tres gramos de cocaína. Tras ser trasladados a la unidad policial de 100 y Aldabó, ambos colaboraron con las autoridades y señalaron a Pedro. Sin embargo, en el momento de su captura no se le ocuparon sustancias ilícitas, dinero ni pruebas incriminatorias. Un familiar del reo confirmó que \»no tenían nada contra él\», pero la dictadura cubana lo juzgó como autor principal y le impuso una sanción de 18 años, superior a la de los otros dos implicados.
La arbitrariedad de este proceso fue denunciada por la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, quien advirtió que estas audiencias constituyen un prejuzgamiento y una violación flagrante de la garantía del debido proceso. La jurista recordó que la transmisión de estos juicios por televisión vulnera la presunción de inocencia y expone a personas que nunca dieron su consentimiento para ser exhibidas públicamente. La práctica contradice abiertamente el artículo 96 de la Constitución cubana, que prevé el habeas corpus, así como la Ley de Proceso Penal de 2021 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por el ejecutivo cubano.
El terror como herramienta de control social
El caso de Pedro no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa del IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, anunciado recientemente por los medios oficiales. Bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, el gobierno cubano ha desplegado operativos policiales y controles de transporte que, en realidad, funcionan como mecanismos de disciplinamiento social. En medio del colapso económico, la inflación galopante y el descontento ciudadano, las autoridades de la isla utilizan el aparato judicial para sembrar el miedo y legitimar el castigo, desviando la atención de la responsabilidad estatal en la profunda crisis estructural que atraviesa el país.
Lejos de impartir justicia, la estrategia penal del régimen de La Habana ha incentivado un clima de linchamiento público en distintas localidades, donde ciudadanos humillan y agreden a presuntos delincuentes con la complacencia de las autoridades. Esta normalización de la violencia erosiona la ya precaria convivencia civil y evidencia cómo, en Cuba, la legalidad queda supeditada a las necesidades de control político de la dictadura. Ante la persistencia de estas violaciones a los derechos humanos, la presión de la comunidad internacional y la exigencia de garantías jurídicas reales se vuelven impostergables para proteger a una ciudadanía secuestrada por un sistema que criminaliza la pobreza y castiga sin pruebas.
