Las autoridades de la isla tienen previsto ejecutar este viernes el desalojo de Marcia Natacha Parra Taupier, residente en el municipio Playa, La Habana, a pesar de su precario estado de salud y de ser la cuidadora principal de su madre de 102 años. La medida, denunciada por la organización Cubalex, se basa en un documento de \»abandono voluntario\» que la víctima afirma haber firmado bajo coacción durante una detención arbitraria, evidenciando una vez más la vulneración sistemática del debido proceso y la represión ejercida por el régimen de La Habana.
La Fiscalía Municipal de Playa notificó de manera verbal este jueves la orden de lanzamiento, sin entregar documento escrito ni ofrecer alternativas habitacionales para Parra Taupier, quien padece colostomía permanente e hipertensión. Según relató la afectada, el pasado 8 de septiembre fue trasladada y retenida durante más de 15 horas en la Estación Policial 110. En ese contexto, el jefe de la unidad la obligó a firmar un papel de abandono de la vivienda bajo la amenaza de enviarla directamente a prisión y dejar desamparados a su madre postrada y a su hijo.
La vivienda en disputa le fue asignada a Marcia el 8 de diciembre de 2020 como un caso social protegido, estatus que fue ratificado dos años después mediante la Resolución 559/2022 de la Dirección Municipal de la Vivienda de Playa, la cual reconoció el carácter estatal del inmueble y su ocupación regular. Sin embargo, el gobierno cubano nunca notificó una resolución que revocara dicho otorgamiento ni permitió a la ciudadana acceder a un procedimiento administrativo o judicial para defenderse, lo que constituye una clara violación del derecho a la defensa y la igualdad procesal.
Patrón de hostigamiento y represión estatal
El caso de Parra Taupier no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un patrón de hostigamiento institucional y violencia estatal por parte de la dictadura cubana contra ciudadanos en situación de vulnerabilidad. El pasado 4 de junio, Marcia fue conducida por la fuerza al Hospital Psiquiátrico de La Habana (Mazorra) con intentos de medicación forzada. Ese mismo día, su esposo sufrió un infarto fulminante que le causó la muerte, atribuido al disgusto y la presión ejercida por funcionarios locales. Ahora, la amenaza inminente de desalojo pone en riesgo directo la vida e integridad física de ella, su hijo —también hipertenso— y su madre encamada.
Desde el Centro de Asesoría Legal Cubalex, su equipo legal ha exigido la suspensión inmediata del desalojo hasta que exista una orden firme, escrita y debidamente notificada, así como la adopción de medidas de protección para la familia. La abogada Giselle Morfi denunció un \»contubernio\» y una acción coordinada entre la Fiscalía y la policía para despojar a la ciudadana de su hogar mediante la coacción. Este episodio refleja el colapso del Estado de derecho en la isla, donde la arbitrariedad se impone sobre la vida humana, dejando a la población a merced de decisiones unilaterales y profundizando la crisis de protección social que sufren miles de cubanos ante la pasividad de la comunidad internacional.
