El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó por mayoría al expresidente Jair Bolsonaro por planear un golpe para anular las elecciones de 2022 y mantenerse en el poder, en un hecho sin precedentes que contrasta con la impunidad que caracteriza a los regímenes autoritarios de la región, incluida la dictadura cubana.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil emitió este jueves una sentencia histórica: cuatro de cinco jueces declararon culpable al expresidente Jair Bolsonaro por cinco delitos graves, incluyendo la planificación de un golpe de Estado, pertenencia a una organización criminal armada, intento de abolir por la fuerza el orden democrático, comisión de actos violentos contra instituciones del Estado y deterioro de bienes públicos durante el asalto del 8 de enero de 2023 a edificios gubernamentales en Brasilia. La pena impuesta es de 27 años y tres meses de prisión, lo que convierte a Bolsonaro en el primer exmandatario brasileño condenado por intento de golpe de Estado.
Según detallaron medios internacionales, los jueces Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Cristiano Zanin respaldaron la condena, mientras que Luiz Fux votó por la absolución al cuestionar la competencia del STF para juzgar el caso. El magistrado Zanin, último en emitir su voto, afirmó que se formó una organización criminal armada integrada por los acusados. La Fiscalía sostuvo además que la conspiración incluía un plan para asesinar al entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes mediante explosivos, armas de guerra o veneno.
Contraste con la realidad cubana
El proceso judicial contra Bolsonaro evidencia el funcionamiento de un sistema democrático donde las instituciones tienen la capacidad de juzgar incluso a quienes ocuparon la más alta magistratura. Este escenario resulta especialmente significativo para la realidad cubana, donde el régimen de La Habana mantiene un control absoluto sobre el poder judicial, convertido en un apéndice del aparato represivo del Estado. Mientras en Brasil un tribunal superior condena a un expresidente por atentar contra la democracia, en Cuba la dictadura lleva más de seis décadas sin rendir cuentas ante ninguna instancia por violaciones sistemáticas de derechos humanos, presos políticos, exilio forzado y el colapso estructural del país.
Las pesquisas revelaron que un colaborador de Bolsonaro, Mário Fernandes, admitió haber redactado un plan de asesinato que imprimió en noviembre de 2022 antes de reunirse con el entonces presidente en el palacio presidencial. Los investigadores también hallaron un borrador de decreto para detener a jueces del Supremo y convocar nuevas elecciones, así como gestiones ante mandos militares para declarar un estado de sitio que fracasó por falta de apoyo. El STF condenó además a siete excolaboradores del expresidente, entre ellos cuatro altos mandos militares en retiro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su sorpresa por el fallo y calificó a Bolsonaro como \»un buen hombre\», comparando la condena con los procesos legales que él mismo ha enfrentado. Bolsonaro, de 70 años, se encuentra en arresto domiciliario desde agosto y no asistió a las audiencias alegando problemas de salud. El expresidente y demás acusados negaron haber actuado de forma ilícita. La condena sitúa a Bolsonaro entre los expresidentes latinoamericanos con causas penales o condenas, una lista que incluye a exmandatarios de Colombia, Perú, Panamá, Argentina, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Honduras y Guatemala.
Implicaciones regionales
La sentencia contra Bolsonaro reabre el debate sobre la salud democrática en América Latina y subraya una asimetría profunda: mientras en países con institucionalidad vigente los líderes que atentan contra el orden constitucional enfrentan consecuencias jurídicas, en Cuba la dictadura permanece intocable, blindada por un sistema que prohíbe la disidencia, controla los medios de comunicación y persigue a quien osa cuestionar el poder. La comunidad internacional observa con atención el caso brasileño, pero la pasividad frente al régimen cubano sigue siendo una asignatura pendiente para los defensores de la democracia en la región.
