El régimen de La Habana ha programado para el próximo 15 de septiembre un nuevo juicio contra el activista y preso político Manuel de Jesús Rodríguez García, recluido desde 2016. La Fiscalía elevó su petición de condena a cuatro años de prisión por el presunto delito de atentado, en medio de una creciente campaña de hostigamiento y amenazas contra su familia en Pinar del Río.
La vista está fijada para celebrarse en el Tribunal Provincial de Pinar del Río, según denunció la madre del activista, Nilda García Fleitas. La causa penal ha sufrido una escalada punitiva por parte de las autoridades de la isla, que en junio pasado manejaban el delito de desacato y ahora buscan imponer una pena mayor bajo la figura de atentado. Esta maniobra judicial se enmarca en la habitual estrategia del gobierno cubano para prolongar el encierro de opositores que se niegan a acatar las exigencias del sistema.
El accionar de la dictadura cubana no se ha limitado al recluso, sino que se ha extendido a su entorno familiar como forma de castigo colectivo. García Fleitas detalló que las visitas al penal han sido suspendidas de manera arbitraria en al menos dos ocasiones, una de ellas el pasado 4 de julio, impidiendo además el ingreso de alimentos. Asimismo, la esposa del opositor, Yuli Castillo Medina, ha sido víctima de constantes amenazas por parte de la Seguridad del Estado, que le han advertido sobre un posible encarcelamiento y la pérdida de la patria potestad de su hijo de 11 meses.
Hostigamiento institucional y represión sistemática
La intimidación ha alcanzado niveles de crueldad institucional al involucrar al jefe de Atención a Menores del municipio Consolación del Sur, quien ha acompañado a agentes de la Policía política en las visitas al hogar de la familia. Los funcionarios han amenazado con arrebatar a la abuela el cuidado de otra nieta —hija de una de sus hijas que emigró a Estados Unidos— si continúan exigiendo respeto a los derechos del activista. Este nivel de acoso refleja el colapso del estado de derecho en la isla, donde el aparato burocrático se instrumentaliza para silenciar cualquier disidencia.
Rodríguez García, un campesino de 35 años, permanece tras las rejas desde el 3 de agosto de 2016. Su detención fue una represalia directa por su activismo en la Alianza Democrática Pinareña. Su condena inicial de ocho años se basó en cargos por escribir carteles contra el Gobierno, transmitir en directo críticas a Raúl Castro y catalogar a Fidel Castro como dictador. A inicios de este año, el ejecutivo cubano le revocó la progresión a régimen de mínima severidad tras negarse a firmar un compromiso que lo obligaba a abstenerse de actividades políticas como requisito para acceder a la libertad condicional.
La situación del activista ya ha trascendido las fronteras de la isla. En octubre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección al considerar que enfrentaba un riesgo inminente de daño irreparable. Sin embargo, el régimen ha ignorado este pronunciamiento internacional, evidenciando su desprecio por los organismos de derechos humanos. El nuevo juicio contra Rodríguez García reafirma la política de criminalización de la disidencia en Cuba y proyecta un panorama sombrío para los cientos de presos políticos que aún aguardan justicia en las cárceles del país.
