El exprisionero político Ohauris Rondón Rivero fue sancionado con 10.000 pesos por las autoridades de la isla tras ser interceptado mientras guardaba un lugar en una cola en el municipio habanero de Playa. El activista, excarcelado en el marco de las liberaciones anunciadas por el régimen de La Habana, fue acusado de ejercer una actividad económica sin licencia, en un nuevo episodio de hostigamiento contra figuras disidentes.
Los hechos ocurrieron frente al supermercado de 3ra. y 70, en la capital cubana. Rondón Rivero, conocido como \»El Trillizo\», se encontraba en la fila para ayudar a un amigo a realizar unas compras a cambio de un cartón de huevos, un alimento de primera necesidad cada vez más escaso en el país. Durante la espera, tres motos de la Policía Nacional Revolucionaria y un agente de la Seguridad del Estado se presentaron en el lugar para identificarlo.
Al percatarse de su historial como preso político, los agentes comenzaron a proferir insultos contra el activista, tildándolo de \»contrarrevolucionario\». Tras un intercambio de palabras, el oficial de la Seguridad del Estado ordenó su traslado a la unidad policial de 3ra. y 110. En la estación, las autoridades le advirtieron que no volviera a transitar por esa zona y le impusieron una multa de 10.000 pesos amparados en el Decreto-Ley 91 de 2024, específicamente por \»realizar actividades sin las licencias y permisos requeridos\».
Hostigamiento sistemático y crisis alimentaria
La sanción impuesta a Rondón Rivero evidencia la criminalización de la supervivencia cotidiana en medio del desabastecimiento y el patrón de acoso de la dictadura cubana contra quienes han cumplido sanciones por motivos políticos. El activista había sido excarcelado tras cumplir parte de una condena de dos años por los delitos de daños a la propiedad y propaganda contra el orden constitucional. Su liberación condicional se produjo en el contexto de las 553 excarcelaciones prometidas por el ejecutivo cubano a inicios de año, un gesto que ha demostrado ser más propagandístico que sustantivo, dada la constante persecución que sufren los liberados.
Frente a la imposición de la multa, el exprisionero político rechazó pagar la sanción, calificándola de arbitraria y cuestionando cómo podría obtener 10.000 pesos en el actual contexto de hiperinflación y empobrecimiento que sufre la isla. Esta nueva agresión refuerza la denuncia de organizaciones de derechos humanos sobre la falta de garantías jurídicas en Cuba y el uso de normativas administrativas para asfixiar económicamente a la disidencia, dejando a los activistas en una vulnerabilidad extrema que amenaza con silenciar cualquier intento de pronunciamiento cívico.
