Un padre y su hijo fueron hallados sin vida en una finca del municipio Candelaria, en Artemisa, en medio de la creciente ola de violencia que azota a la isla y que el régimen de La Habana intenta minimizar a través del control informativo.
Las víctimas fueron identificadas como Francisco Torres Rodríguez, de 80 años, y su hijo Yaciel Torres Remedio, de 46. Según informaciones preliminares, los cadáveres fueron localizados el pasado 5 de septiembre en el paraje conocido como finca El Cusco, una zona montañosa de Las Terrazas. Los cuerpos se encontraban en el exterior de la vivienda y en puntos distintos de la finca, lo que sugiere un ataque violento con múltiples implicados, cuya identidad aún se desconoce. El Ministerio del Interior (MININT) mantiene el caso bajo investigación, aunque los detalles sobre el progreso de las pesquisas son escasos.
Crisis de seguridad y opacidad institucional
Este doble crimen no es un hecho aislado, sino que se enmarca en el deterioro acelerado del orden público en el país. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) documentó un incremento del 50,72 % en la criminalidad durante 2024, registrando 1.317 delitos frente a los 668 del año anterior. La organización advierte que las autoridades de la isla se niegan a publicar estadísticas oficiales actualizadas, señalando que los casos divulgados por la prensa estatal son \»solamente la punta del iceberg\» de una realidad mucho más perturbadora que afecta a la ciudadanía.
La percepción de inseguridad se ha visto agravada por recientes sucesos violentos en la capital. A finales de agosto, un ciudadano italiano residente permanente en Cuba, identificado como Mario Pontolillo, de 56 años, atropelló deliberadamente a nueve personas en los municipios de Centro Habana y La Habana Vieja. El ataque dejó como saldo una mujer de 35 años fallecida y ocho heridos. La Fiscalía General de la República imputó al presunto autor por los delitos de asesinato, confirmando que el vehículo utilizado, un Audi rojo, era de su propiedad.
El silencio informativo y la falta de políticas efectivas por parte del gobierno cubano evidencian el abandono en que se encuentra la población frente a la violencia. Mientras la dictadura cubana prioriza el control político y la represión ideológica, el colapso de la seguridad pública se suma a la larga lista de crisis estructurales que impulsan el éxodo migratorio y profundizan el descontento social. La impunidad y la opacidad institucional dejan a los ciudadanos en un estado de indefensión total, sin garantías para sus vidas ni propiedades.
