El coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Gerardo Hernández Nordelo, estableció que ningún simpatizante del oficialismo puede residir en una manzana donde esta organización no opere, en un intento del gobierno cubano por reactivar el control social vecinal frente a la profunda crisis que atraviesa la isla.
En declaraciones difundidas por el Canal Caribe con motivo del 65 aniversario de la organización, Hernández Nordelo vinculó directamente la coherencia ideológica de los autodenominados \»fidelistas\» con la operatividad de los comités de base. El también exespía sostuvo que es inconcebible que un \»revolucionario\» tolere la inactividad del CDR en su cuadra, trasladando así la responsabilidad del control institucional al individuo y reforzando la noción de una militancia obligatoria como criterio de lealtad política.
Control social y \»100 tareas\» en medio de la crisis estructural
El llamado oficial se enmarca en el denominado homenaje por el centenario del líder histórico, bajo el cual las autoridades de la isla pretenden ejecutar \»100 tareas por el centenario de Fidel\». El énfasis del régimen de La Habana está puesto en el \»fortalecimiento\» de las estructuras de base y en la incorporación de jóvenes a labores de dirección, aunque los reportes estatales omitieron precisar los contenidos operativos, los recursos asignados o los mecanismos reales de participación vecinal más allá de la imposición de responsabilidades.
Históricamente concebidos como instrumentos de vigilancia y delación, los CDR llegan a esta efeméride en un contexto de colapso sistémico. La dictadura cubana enfrenta un éxodo migratorio sin precedentes, hiperinflación, desabastecimiento crónico de servicios básicos y un creciente rechazo social hacia las estructuras represivas. El intento de revitalizar estos comités responde a la urgencia del poder por reconectar con un tejido comunitario que ha perdido la fe en las instituciones estatales y que en muchas ocasiones utiliza estas estructuras solo para acceder a menguados beneficios estatales.
La exigencia de Hernández Nordelo de \»demostrar a los cubanos que los CDR somos una organización útil\», reivindicando su papel durante la pandemia para identificar personas vulnerables, contrasta con la percepción ciudadana que los asocia principalmente a la persecución política y la censura. Al condicionar la identidad revolucionaria a la vigilancia del vecino, el ejecutivo cubano expone su dependencia de la coacción para sostener una estructura de poder que fracasa en garantizar las necesidades materiales y las libertades fundamentales de la población.
