La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronosticó un déficit de generación cercano a los 1.800 megavatios (MW), lo que provocará cortes de energía que afectarán hasta el 47 % del país durante las horas de mayor consumo. La crisis estructural del sector energético, gestionado de forma deficiente por el régimen de La Habana, ha llevado a provincias como Santiago de Cuba y Granma a soportar apagones de hasta 20 horas diarias, desatando la indignación popular.
Según el informe oficial emitido este miércoles, la capacidad máxima prevista es de 2.080 MW frente a una demanda estimada de 3.780 MW, lo que resulta en una afectación de 1.790 MW al sistema. El ejecutivo cubano reconoce que seis unidades termoeléctricas permanecen inactivas debido a averías o mantenimientos prolongados, mientras que la generación distribuida está paralizada por la escasez crónica de diésel y fueloil, combustibles que el Estado no logra suministrar.
La respuesta de la ciudadanía ha sido de absoluto rechazo y agotamiento físico y mental. En redes sociales, numerosos cubanos han denunciado la ineficacia de las medidas anunciadas por el gobierno cubano durante los meses de verano, las cuales prometían una mejora que nunca se materializó. Residentes en Las Tunas y Granma reportan cortes continuos \»día, noche y madrugada\», evidenciando un deterioro severo en la calidad de vida de la población, que observa con indignación cómo la élite del país mantiene sus privilegios mientras el resto sobrevive a oscuras.
Una crisis estructural sin solución a la vista
El colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) no es un evento aislado, sino la consecuencia de décadas de centralización estatal, falta de planificación y ausencia de mantenimiento. Expertos independientes estiman que la isla requeriría una inversión de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar su capacidad de generación. Sin embargo, este escenario es inviable en medio de la profunda recesión económica: el Producto Interno Bruto (PIB) cubano acumula una caída del 11 % en los últimos cinco años y la CEPAL proyecta una nueva contracción para 2025. Aunque las autoridades de la isla insisten en culpar a las sanciones de Estados Unidos, la infrafinanciación y la mala gestión son las causas directas del desastre.
La persistencia de estos apagones destruye sectores esenciales como la salud, la educación y el almacenamiento de alimentos, acelerando el ya masivo éxodo migratorio. Ante la incapacidad de la dictadura cubana para garantizar servicios básicos y su negativa a implementar reformas reales, la frustración popular crece en un entorno donde la represión impide el descontento organizado. Cada nuevo parte de la UNE confirma el fracaso del modelo y augura un panorama de mayor precariedad para una nación que no vislumbra salidas a corto plazo.
