El congresista estadounidense Carlos A. Giménez envió una carta al presidente Donald Trump solicitando la emisión de una orden ejecutiva que revoque la inmunidad de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por su implicación en el programa brasileño Mais Médicos. La medida busca permitir que los médicos cubanos víctimas de trata laboral puedan demandar a la entidad en tribunales de Estados Unidos.
En la misiva, el legislador detalla que entre 2013 y 2018 la OPS actuó como intermediaria en un esquema que obligó a más de 10.000 profesionales de la salud cubanos a trabajar en Brasil bajo condiciones que el propio Departamento de Estado de EE. UU. ha clasificado como trata de personas y trabajo forzoso. Durante este periodo, la dictadura cubana confiscó los documentos de viaje de los galenos, los sometió a vigilancia constante por parte de operativos de inteligencia y les despojó de la mayor parte de sus salarios.
Según las cifras aportadas por Giménez, la OPS transfirió más de 2.300 millones de dólares desde Brasil al régimen de La Habana, reteniendo al menos 129 millones de dólares para sus propias arcas. A pesar de tener su sede en Washington D. C. y recibir fondos de los contribuyentes estadounidenses, la organización internacional ha invocado su inmunidad bajo la Ley de Inmunidades de Organizaciones Internacionales (IOIA) para evadir la rendición de cuentas, desobedeciendo órdenes de tribunales federales y negándose a entregar documentos financieros clave.
Contexto de explotación institucionalizada
La solicitud del congresista se enmarca en un patrón histórico de exportación de servicios médicos que el gobierno cubano ha utilizado como su principal fuente de ingresos en divisas. Esta práctica no solo ha financiado al aparato estatal frente al profundo colapso económico de la isla, sino que también ha sido un motor directo del éxodo migratorio de profesionales de la salud que huyen de la precariedad y la falta de libertades. Los informes anuales sobre Trata de Personas (TIP) de 2017 a 2024 han documentado de manera consistente cómo estas misiones internacionales se sustentan en la coacción y el secuestro de los contratos laborales de los ciudadanos.
El pedido de Giménez no busca la disolución de la OPS, sino una revocación dirigida exclusivamente a las actividades vinculadas con Mais Médicos, lo que no interrumpiría sus operaciones legítimas de salud pública. De concretarse, esta acción ejecutiva sentaría un precedente legal crucial en el hemisferio occidental, enviando un mensaje contundente a las organizaciones internacionales de que el uso de fondos estadounidenses para facilitar el trabajo forzoso y la explotación laboral por parte de regímenes autoritarios enfrentará consecuencias jurídicas severas.
