Organizaciones independientes confirmaron el asesinato de Rosa Delia Morales, de entre 61 y 62 años, a manos de su pareja en Villa Clara, elevando a 27 los feminicidios contabilizados en la isla durante este año. El caso, que culminó con el suicidio del agresor, evidencia nuevamente la crisis de violencia machista que atraviesa la sociedad cubana sin una respuesta institucional efectiva.
De acuerdo con el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC), la mujer fue atacada en su propia vivienda el pasado 22 de agosto. El perpetrador, identificado por fuentes comunitarias como \»El Caña\», acabó con la vida de su pareja para posteriormente quitarse la suya. Los cuerpos fueron hallados por familiares tras dos días sin noticias de ellos, profundizando el impacto de esta tragedia en la comunidad placeteña.
Con este crimen, los subregistros de ambas organizaciones alcanzan la cifra de 27 feminicidios en 2025, además de un asesinato de un hombre por motivos de género y tres intentos de feminicidio. Actualmente, se investigan alertas adicionales en provincias como Holguín, Santiago de Cuba, Villa Clara y Camagüey. Este panorama contrasta con la opacidad de las autoridades de la isla, quienes evitan emplear el término \»feminicidio\» en sus informes. Recientemente, el estatal Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG) reportó 76 mujeres asesinadas por razones de género en procesos judiciales concluidos en 2024, eludiendo la tipificación legal que exigen los colectivos feministas.
Opacidad institucional y criminalización del activismo
Desde 2019, el OGAT y YSTCC han logrado documentar 267 feminicidios en el país, una labor que ejecutan en un entorno profundamente hostil. La dictadura cubana no solo mantiene una política de censura y criminalización contra el activismo feminista, sino que persiste en la inexistencia de una tipificación legal específica para el feminicidio en la legislación nacional. El régimen de La Habana se limita a publicar estadísticas fragmentadas, sin metodologías claras ni datos desagregados accesibles para la ciudadanía, lo que constituye un obstáculo deliberado para dimensionar la magnitud real de la violencia machista.
La falta de protocolos públicos de registro y de una ley integral contra la violencia de género deja a las mujeres cubanas en un estado de total desamparo frente a la crisis estructural que sufre la nación. Mientras el ejecutivo cubano prioriza el control político y la represión social sobre la protección de sus ciudadanas, la cifra de víctimas mortales continúa en ascenso. Esta inacción gubernamental no solo viola los derechos fundamentales de la población femenina, sino que evidencia ante la comunidad internacional el abandono sistemático del Estado en materia de protección civil y justicia de género.
