La congresista por Florida María Elvira Salazar solicitó formalmente a los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos una investigación exhaustiva sobre compañías radicadas en el sur de Florida que presuntamente estarían eludiendo las sanciones federales para beneficiar al régimen de La Habana.
En una misiva dirigida a las máximas autoridades de ambas agencias federales, la legisladora advirtió que un grupo de empresas ha establecido operaciones recientes en territorio estadounidense con el propósito principal de sortear las restricciones económicas impuestas a la isla. Salazar enfatizó que la eficacia de las medidas restrictivas se diluye si no existe una aplicación rigurosa de la ley, exigiendo respuestas claras y acciones legales para sus representados en el Distrito 27 de Florida.
Según el documento, las modalidades operativas de estas compañías incluyen la promoción de paquetes turísticos, servicios de logística, envíos puerta a puerta y comercialización de vehículos. La congresista recordó que la legislación estadounidense prohíbe de manera explícita el turismo y el comercio directo con el gobierno cubano, en línea con las directrices de seguridad nacional emitidas recientemente por el ejecutivo estadounidense, el cual ha reiterado su respaldo a la estricta implementación de las medidas coercitivas.
Vínculos con la cúpula de poder en la isla
La petición de Salazar no se limita a la infracción comercial, sino que señala el trasfondo político de estos negocios, indicando que muchas serían operadas por cómplices de la dictadura cubana. Como ejemplo, citó el caso de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, detenido recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quien presuntamente mantiene estrechos vínculos con familiares del expresidente Raúl Castro. La legisladora sugirió que estas estructuras empresariales podrían haber sido diseñadas con el conocimiento y consentimiento de las autoridades de la isla para captar divisas de manera ilícita.
Esta presunta red de elusión de sanciones adquiere mayor gravedad en el contexto de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. Mientras la población enfrenta una inflación galopante, el colapso de los servicios básicos y un éxodo migratorio sin precedentes, el régimen de La Habana ha dependido históricamente de mecanismos paralelos de financiamiento para sostener su aparato represivo y evadir el aislamiento internacional. La complicidad de actores en el exterior permite la inyección de recursos que, en última instancia, oxigenan a la dictadura cubana frente a la presión democrática y el descontento social.
La iniciativa de Salazar ha recibido el respaldo público de otros legisladores de la región, como el congresista Carlos A. Giménez, quien aseguró que las autoridades federales tienen identificados a los testaferros infiltrados en la comunidad y exigirá que se les aplique el peso de la ley. La respuesta de los departamentos de Estado y del Tesoro será determinante no solo para blindar la política exterior de Washington, sino para enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero frente a quienes lucran con el sufrimiento del pueblo cubano y socavan la exigencia de libertades en la isla.
