El opositor camagüeyano Virgilio Mantilla Arango recuperó su libertad tras cumplir íntegramente su condena, informaron organizaciones de derechos humanos. El líder de la Unidad Camagüeyana, encarcelado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J) y posteriormente reprimido con nuevas sanciones dentro de la prisión, sale a una realidad de extrema vulnerabilidad material tras pasar más de cuatro años en condiciones carcelarias inhumanas.
Según detalló el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Mantilla Arango fue detenido el 16 de julio de 2021, apenas días después de sumarse a las manifestaciones antigubernamentales del 11J, las cuales tuvieron lugar poco tiempo después de que saliera de la prisión de Kilo 8, donde ya había cumplido una sanción previa. El régimen de La Habana lo juzgó en septiembre de ese mismo año y lo sentenció a tres años y tres meses de privación de libertad, una condena que, según su cronología, debía concluir en octubre de 2024.
Sin embargo, la dictadura cubana prolongó su encierro mediante arbitrariedades legales. En marzo de 2024, al protestar junto a otros reclusos por la escasez de alimentos y medicinas en el penal, las autoridades de la isla lo acusaron de \»desacato\» y lo trasladaron a una celda de castigo. En un proceso carente de garantías procesales y sin presencia de un abogado defensor, recibió su cuarta condena por motivos políticos, sumando 10 meses adicionales a su pena original.
Precariedad y criminalización tras las rejas
La activista de las Damas de Blanco, Leticia Ramos Herrería, denunció a través de redes sociales la crítica situación del opositor tras su salida. Ramos Herrería aseguró que Mantilla Arango se encuentra en \»la peor de las miserias\», sin recursos básicos para subsistir, e instó a la solidaridad ciudadana. Pese a esta realidad y a los intentos recientes de la dictadura por imponerle una quinta condena en febrero de 2025 —por difundir un poema y denunciar la situación de un familiar en huelga de hambre—, el activista ha reiterado su compromiso de seguir denunciando las violaciones de derechos humanos en la isla.
El caso de Mantilla Arango ilustra el mecanismo sistemático de represión y criminalización de la disidencia que mantiene el gobierno cubano. De acuerdo con el informe más reciente de la organización Prisoners Defenders, Cuba registra actualmente 1.176 presos políticos, la cifra más alta desde 2018. Este dato refleja un incremento sostenido, con 141 nuevos encarcelamientos registrados entre agosto de 2024 y julio de 2025, elevando a 1.869 el número total de personas privadas de libertad por razones políticas desde el estallido social de julio de 2021.
La excarcelación de Mantilla Arango no representa un gesto de apertura por parte del ejecutivo cubano, sino el cumplimiento forzoso de una pena dilatada mediante el abuso judicial. Su liberación deja al descubierto no solo el colapso del sistema penitenciario y la falta de libertades fundamentales, sino también la incapacidad del régimen para silenciar a la disidencia, que persiste incluso frente al riesgo de nuevas persecuciones y en medio de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país.
