El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró 68 vulneraciones de derechos humanos contra reclusos en la isla durante el mes de julio, un periodo marcado por la muerte de dos presos y el sistemático hostigamiento a opositores. Las autoridades penitenciarias mantienen un patrón de negligencia médica y tortura que agrava el colapso del sistema carcelario.
Según el reporte publicado por la organización, se contabilizaron un total de 91 eventos relacionados con personas privadas de libertad, de los cuales 77 ocurrieron dentro de prisiones y centros de detención de 13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. La Habana, Mayabeque y Santiago de Cuba concentran la mayor cantidad de abusos, teniendo el Combinado del Este, la Prisión de Mar Verde y la Prisión Provincial de Pinar del Río como los centros más señalados por la represión.
La dictadura cubana es señalada por la muerte de Yan Carlos González, de 44 años, y del costarricense Jimmy Gerardo Castrillo, de 51 años, quienes perdieron la vida bajo custodia estatal. El informe detalla que al menos 51 personas —10 mujeres y 41 hombres— sufrieron abusos directos, mientras que ocho denuncias afectaron colectivamente a la población penitenciaria. Los presos políticos José Daniel Ferrer García, Roberto Pérez Fonseca, Juan Enrique Pérez Sánchez, Duannis Dabel León Taboada y Maykel Castillo Pérez encabezaron la lista de los más hostigados.
Negligencia médica como herramienta de tortura
La documentación logró identificar a 16 agentes involucrados directamente en la ejecución de estos ilícitos, 14 de ellos funcionarios del sistema penitenciario y uno oficial de la Seguridad del Estado. Los incidentes más recurrentes incluyen 55 casos de hostigamiento, 23 negaciones de atención médica, 11 restricciones a las comunicaciones y 10 episodios de golpizas y torturas físicas. Los opositores, afrodescendientes y presos políticos continúan siendo los sectores más vulnerables ante la maquinaria represiva del Estado.
Estos hechos no son casos aislados, sino que se enmarcan en la crisis estructural y represiva que atraviesa la isla. El régimen de La Habana ha endurecido su control social frente al creciente descontento popular, el colapso económico y el masivo éxodo migratorio. En este contexto, el CDPC emitió un informe complementario que expone cómo el gobierno cubano utiliza la salud como mecanismo de castigo y quebrantamiento psicológico. A través de 15 casos específicos, se evidencia una omisión intencional de diagnósticos, la negación de tratamientos especializados y el abandono de personas en estado crítico, configurando una práctica de tortura institucionalizada que viola los tratados internacionales suscritos por el Estado.
La persistencia de estos abusos plantea un escenario sombrío para la ciudadanía encarcelada y exige una respuesta contundente de la comunidad internacional. La impunidad con la que operan los funcionarios penitenciarios refleja la ausencia de un estado de derecho en Cuba, donde la represión se consolida como la única política pública efectiva del ejecutivo cubano para silenciar la disidencia. La presión de los organismos defensores de los derechos humanos será clave para visibilizar y frenar este deterioro institucional que cobra vidas dentro de los muros de las prisiones.
