El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y diversas organizaciones regionales han solicitado al Gobierno de Bolivia que no deporte a la periodista cubana Orlidia Barceló Pérez, detenida desde el pasado 8 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru. La directora del medio digital El Espirituano enfrenta acusaciones de portar una visa supuestamente falsa y, de ser retornada a la isla, se expone a la represión sistemática del régimen de La Habana contra los comunicadores independientes.
Barceló Pérez, de 53 años, fue arrestada junto a otras 16 personas tras arribar a territorio boliviano. Las autoridades de la nación sudamericana le confiscaron sus documentos bajo el argumento de que la visa de turismo, emitida por el consulado boliviano en La Habana, era fraudulenta, impidiéndole además tramitar el asilo político. Desde su detención, la periodista se encuentra privada de libertad de manera administrativa en el recinto aeroportuario de Santa Cruz de la Sierra, con un riesgo inminente de expulsión.
El caso ha adquirido mayor gravedad debido a la actitud de la diplomacia cubana en Bolivia. Según reportes del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), el cónsul cubano en el país andino se negó a brindar asistencia a Barceló y manifestó que esta no calificaba para asilo político, evidenciando la intención del gobierno cubano de que la deportación prosiga. Ante esta situación, el CPJ ha alertado que, en caso de ser devuelta a su país, la periodista corre el riesgo de ser encarcelada bajo las severas leyes de medios impuestas por la dictadura cubana para silenciar el periodismo independiente.
Contexto de represión y exilio
La situación de Orlidia Barceló no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa del clima de hostigamiento constante que enfrentan los profesionales de la prensa en la isla. Organizaciones como la Red Voces del Sur han recordado que la comunicadora ha sido objeto de vigilancia, amenazas y detenciones arbitrarias en su domicilio por parte de las autoridades cubanas. El acoso institucional ha obligado a decenas de periodistas a emprender rutas migratorias irregulares para escapar de la criminalización de su trabajo, exponiéndose a situaciones de vulnerabilidad legal en países de tránsito.
Ante la urgencia del caso, una coalición de más de una docena de organizaciones de derechos humanos y prensa —incluyendo a FOPEA, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, Abraji y Article 19— han exigido al ejecutivo boliviano respetar los derechos de la periodista. Asimismo, han instado a organismos como ACNUR y la CIDH a adoptar medidas cautelares inmediatas y han exhortado a las embajadas de naciones democráticas a intervenir para frenar la deportación. La respuesta de la comunidad internacional será determinante para evitar que Barceló sea devuelta a un sistema donde la disidencia es equiparada con el delito.
