Un grupo de 17 ciudadanos cubanos, entre ellos dos menores de edad y una persona mayor, lleva más de 48 horas bajo custodia en el Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Los viajeros, que se encontraban en escala aérea hacia Brasil y Nicaragua, denuncian condiciones precarias de retención y la orden verbal de devolverlos a la isla, tras ser acusados de portar documentación de viaje fraudulenta supuestamente gestionada por una agencia en Miami.
Los afectados, quienes portaban visas de turista, trabajo o tránsito emitidas por el consulado boliviano en Cuba, fueron interceptados por agentes de Migración al momento del desembarque. Aunque permanecían en la zona internacional del terminal, las autoridades locales los acusaron de ingresar con pasajes y reservas de hospedaje falsas. Los viajeros aseguran ser víctimas de una estafa orquestada por una agencia radicada en Miami, encargada de coordinar su itinerario, y lamentan la falta de una explicación oficial clara en el instante de su detención.
La abogada Lavive Müller, representante legal de dos de los retenidos, acudió al recinto aeroportuario para exigir respuestas sobre el estado legal del grupo. La jurista denunció que las autoridades migratorias bolivianas no han entregado ninguna documentación que justifique la inadmisión, limitándose a confirmar de forma verbal que la deportación hacia Cuba ya fue dictada. Mientras se dilucida su situación jurídica, el grupo permanece confinado en una sala sin acceso a recursos básicos, sufriendo hambre y problemas estomacales ante la ausencia de alimentación adecuada.
El trasfondo de la crisis migratoria cubana
Este incidente ilustra la desesperación de miles de ciudadanos que intentan huir del colapso económico y la profunda crisis social generada por el régimen de La Habana. Para costear este viaje, muchos de los retenidos vendieron todas sus pertenencias en la isla con la esperanza de alcanzar la reunificación familiar en el extranjero. El temor a ser devueltos no radica únicamente en la pérdida absoluta de sus recursos materiales, sino en la represalia que podrían enfrentar por parte de la dictadura cubana debido a la exposición mediática de su caso, una práctica habitual de persecución contra quienes intentan emigrar de forma irregular.
Ante la gravedad de la situación, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en Bolivia han iniciado gestiones para organizar una red de ayuda humanitaria que garantice la asistencia básica a los cubanos varados, quienes insisten en que su documentación migratoria está en regla y exigen un trato digno. El desenlace de este caso pondrá a prueba los protocolos de protección internacional del país suramericano y evidencia, una vez más, la vulnerabilidad extrema de los cubanos frente a las mafias de tráfico de personas que lucran con el éxodo masivo provocado por el fracaso del modelo impuesto por el gobierno cubano.
