La joven de 27 años, condenada a seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio, padece afecciones ginecológicas y dentales sin recibir tratamiento. Su madre responsabiliza a la dictadura cubana y a la Seguridad del Estado por la integridad física de la activista, retenida en el penal de mujeres La Bellotex.
La presa política Sissi Abascal Zamora enfrenta un severo cuadro clínico en el centro penitenciario de mujeres La Bellotex, en la provincia de Matanzas. Según denunció su madre, Annia Zamora, la activista padece de bartolinitis, un quiste ovárico y una fuerte infección dental que no han sido atendidos por las autoridades carcelarias. Una intervención quirúrgica programada fue suspendida de manera arbitraria, exigiendo el personal médico autorizaciones escalonadas que involucran a la directiva del penal, a la Seguridad del Estado e incluso al propio Miguel Díaz-Canel para permitir el traslado de la reclusa a una clínica externa.
La administración del penal ha omitido su deber de garantizar la salud de la reclusa, limitándose a permitir que la familia le aporte los medicamentos básicos durante las visitas. A esta negligencia se suma la denegación de atención odontológica, pese al evidente dolor e inflamación que sufre la joven. El régimen de La Habana mantiene a Abascal bajo la clasificación de \»presa negativa\», una etiqueta punitiva que le costó la negativa de libertad condicional en junio pasado y que se traduce en un castigo sistemático por su postura de resistencia frente a las condiciones inhumanas del encierro.
Represión institucionalizada contra los manifestantes del 11J
El caso de Abascal, condenada por los supuestos delitos de desacato, atentado y desorden público tras salir a las calles en el poblado de Carlos Rojas, ilustra el patrón de crueldad y violaciones a los derechos humanos que la dictadura cubana aplica contra quienes se atrevieron a protestar en julio de 2021. El uso de la atención médica como arma de tortura psicológica y física es una práctica recurrente en las cárceles de la isla, donde el sistema penitenciario colapsado opera bajo el control directo de los aparatos represivos del Estado.
La familia ha responsabilizado directamente a las altas esferas del gobierno cubano, así como a la directora del penal, Marta Cristina Hernández Bacallao, por la vida e integridad de Sissi Abascal. Ante la indolencia de las autoridades de la isla, la presión de la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos se vuelve indispensable para exigir la liberación inmediata de los presos del 11J y el cese de las políticas de exterminio silencioso contra la disidencia encarcelada.
