Desde la llegada de las brigadas médicas cubanas a México en 2022, el gobierno mexicano ha destinado más de 100 millones de dólares a este convenio, pero la opacidad institucional impide verificar la efectividad de su labor. Las autoridades sanitarias mexicanas admiten carecer de indicadores para evaluar el rendimiento de los galenos, mientras expertos jurídicos advierten que el régimen de La Habana somete a estos profesionales a condiciones que encajan en la definición de esclavitud moderna.
Las instituciones de salud de México, entre ellas la Secretaría de Salud (SSA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e IMSS-Bienestar, han reconocido no contar con reportes que midan la productividad, especialización o impacto de los profesionales de la isla. Tras tres años de cooperación, las dependencias se trasladan la responsabilidad sobre el seguimiento de este programa, dificultando la fiscalización de los recursos públicos. Hasta la fecha, se desconocen datos básicos como el número de consultas atendidas, las jornadas laborales cubiertas y las zonas exactas de despliegue.
Aunque la SSA ha esbozado un mecanismo de evaluación dividido en tres fases —diagnóstico inicial, valoración intermedia de avances y medición final de resultados—, la fragmentación de la información entre los organismos mexicanos y el ejecutivo cubano mantiene el programa en la sombra. Esta falta de transparencia contrasta con el elevado costo del acuerdo firmado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, el cual ha representado un importante flujo de divisas para las autoridades de la isla.
Condiciones laborales y explotación bajo el régimen
La ausencia de rendición de cuentas en México se suma a las denuncias sobre las condiciones en las que la dictadura cubana mantiene a sus médicos en el exterior. Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, advierte que el esquema de las misiones internacionales constituye una forma de esclavitud moderna según los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La jurista señala que la extrema vulnerabilidad de los profesionales, amenazados con el regreso a una isla sumida en apagones prolongados y escasez generalizada, es utilizada como mecanismo de coerción y abuso de poder.
El control ejercido por el régimen de La Habana sobre sus brigadas médicas es sistemático y restrictivo. Según testimonios recopilados por organizaciones de derechos humanos, los médicos enfrentan medidas disciplinarias que incluyen toques de queda no oficiales tras el horario laboral, pases de lista telefónicos desde el centro de operaciones y sanciones económicas que contemplan la deducción de hasta el 10% de su salario. La amenaza de repatriación a un entorno de crisis estructural garantiza la sumisión de los galenos, quienes laboran en un esquema que beneficia económicamente al gobierno cubano mientras limita severamente su libertad.
La continuidad de este convenio sin mecanismos de transparencia no solo compromete la gestión de los recursos sanitarios en México, sino que perpetúa un modelo de exportación de servicios que financia a la dictadura cubana a costa de la precariedad de sus profesionales. La falta de auditoría sobre el impacto real de los médicos en las comunidades receptoras plantea serias dudas sobre la viabilidad y ética de estas cooperaciones internacionales, exigiendo una revisión exhaustiva de los acuerdos y un mayor escrutinio por parte de la comunidad internacional frente a las violaciones laborales que conllevan.
