El Encargado de Negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió con representantes de la Alianza de Cristianos de Cuba para abordar los obstáculos que enfrenta la comunidad religiosa, en medio de un endurecimiento legal que ha sido señalado por organismos internacionales como una violación sistemática a los derechos humanos.
Durante el encuentro, Hammer dialogó con los pastores Vivian Barrero y Joel Cárdenas sobre la labor comunitaria que realizan para asistir a los sectores más vulnerables de la sociedad civil. La Embajada estadounidense destacó el valor de este trabajo y subrayó la urgencia de garantizar la libertad religiosa en el país. La gestión del diplomático, desde su llegada a La Habana en 2023, se ha caracterizado por una firme denuncia de las detenciones arbitrarias y la hostilidad estatal contra activistas e independiente, una postura que ha generado el visible rechazo de las autoridades de la isla.
El debate sobre la libertad de culto adquiere mayor relevancia tras el informe anual de 2025 emitido por la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF). El documento recomendó designar nuevamente a Cuba como un \»país de particular preocupación\» debido a las \»violaciones sistemáticas, continuas y atroces\» perpetradas durante el último año. El reporte detalla cómo la dictadura cubana ha consolidado un marco jurídico para perseguir, silenciar y cooptar a las agrupaciones religiosas que no se alinean con la ortodoxia oficial.
Endurecimiento legal y criminalización de la fe
El régimen de La Habana ha implementado nuevas normativas para sofocar cualquier atisbo de disidencia, incluyendo la espiritual. La Ley de Ciudadanía, aprobada en julio de 2024, faculta al ejecutivo cubano para revocar la nacionalidad a residentes en el extranjero que realicen actos \»contrarios a los intereses políticos, económicos o sociales\» del Estado. Esta definición deliberadamente ambigua expone a líderes y fieles involucrados en actividades religiosas pacíficas al riesgo de quedar apátridas. Asimismo, la Ley de Comunicación Social, vigente desde octubre, restringe severamente el derecho a la opinión, prohibiendo expresiones de fe que el gobierno considere falsas o incompatibles con su ideología.
Estas nuevas herramientas legales se suman a instrumentos represivos preexistentes como el Decreto-Ley 370 y el Código Penal. Según la USCIRF, el gobierno cubano mantiene un sistema de registro arbitrario y discriminatorio donde la simple pertenencia a un grupo no reconocido oficialmente es tratada como un delito. Como consecuencia, organizaciones como la Asociación Yoruba Libre sufren de manera recurrente interrogatorios, amenazas de prisión bajo cargos fabricados y confiscación de sus bienes, demostrando que la intolerancia institucionalizada es una política de Estado.
La reunión entre la diplomacia estadounidense y los representantes cristianos envía una señal clara sobre la creciente atención internacional hacia el deterioro de las libertades fundamentales en la isla. Mientras la profunda crisis económica y el colapso de los servicios públicos empujan a cientos de miles de cubanos al exilio, la persistencia de la dictadura en criminalizar la práctica religiosa pacífica profundiza el aislamiento y la fractura social del país. La comunidad internacional se enfrenta al desafío de articular respuestas concretas ante la evidencia de un aparato estatal que utiliza el marco legal como un arma de control y persecución ideológica.
