Una nueva política del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), vigente desde el pasado 1 de agosto, eliminó la protección automática contra la deportación para los inmigrantes que tramitan su residencia permanente (Green Card) mediante matrimonio o lazos familiares. La medida, que rompe con décadas de precedentes, impacta directamente a miles de cubanos que intentan regularizar su estatus tras huir de la profunda crisis económica y social de la isla.
De acuerdo con el manual actualizado de USCIS, la presentación de una petición familiar, incluso si proviene de un ciudadano estadounidense, no otorga ningún estatus migratorio legal ni frena el inicio de un proceso de expulsión. Esta disposición se aplica tanto a las nuevas solicitudes como a los casos que ya se encuentran en proceso, dejando en una situación de extrema vulnerabilidad a quienes ingresaron al país y posteriormente iniciaron su trámite de legalización de buena fe.
Expertos en leyes migratorias han alertado sobre el impacto de esta normativa. Elora Mukherjee, profesora de Derecho en la Universidad de Columbia, señaló que la nueva regla \»rompe con décadas de precedentes\» y podría sembrar el temor entre las familias migrantes. Por su parte, las autoridades migratorias estadounidenses justifican el cambio como un esfuerzo para \»fortalecer la integridad del sistema\», exigiendo entrevistas presenciales y verificaciones de antecedentes más rigurosas. Sin embargo, la medida también afecta a personas con estatus vencido, visas caducadas e incluso a ciertos beneficiarios del programa DACA que han quedado excluidos por decisiones recientes.
El contexto del éxodo cubano
Esta modificación en la política migratoria de EE. UU. llega en un momento crítico para la diáspora cubana. El régimen de La Habana ha impulsado una de las mayores olas migratorias en la historia del hemisferio occidental, consecuencia directa de la hiperinflación, el colapso total de los servicios públicos y la falta de oportunidades. Ante el desabastecimiento crónico y la creciente represión social ejercida por la dictadura cubana contra cualquier manifestación de disidencia, cientos de miles de isleños han optado por el exilio hacia territorio estadounidense, confiando en las vías legales para establecerse de manera permanente.
A futuro, el endurecimiento de las normativas estadounidenses podría dejar en un limbo legal a numerosos cubanos que huyeron de la persecución y el empobrecimiento sistémico impulsado por el ejecutivo cubano. Mientras la comunidad internacional observa cómo el flujo migratorio se mantiene debido a la inestabilidad en la isla, las implicaciones de esta medida podrían traducirse en un aumento de las deportaciones, afectando a personas que, habiendo seguido los cauces institucionales, ahora enfrentan el riesgo de ser devueltas a un país bajo control autoritario.
