Yelenis Pérez, una ciudadana cubana de 63 años que ha residido en Estados Unidos durante más de tres décadas, enfrenta una orden de deportación inminente tras ser notificada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su caso evidencia no solo la rigidez de las políticas migratorias estadounidenses, sino también la negligencia y el abandono institucional del régimen de La Habana hacia sus connacionales.
Pérez, quien laboró durante 27 años en la Universidad de Tampa, recibió el pasado 14 de julio la notificación para abandonar el territorio estadounidense en un plazo de 90 días. Bajo el estatus C18, la mujer permaneció bajo supervisión migratoria durante años debido a una orden final de deportación diferida. A pesar de carecer de antecedentes penales y haber cumplido rigurosamente con sus comparecencias ante las autoridades, su situación legal nunca fue regularizada. El próximo 14 de octubre deberá presentarse ante ICE con pasaporte y boleto de viaje en mano.
El obstáculo burocrático de las autoridades de la isla
Uno de los mayores impedimentos para el cumplimiento de esta orden es que el pasaporte cubano de Pérez se encuentra vencido. A esta dificultad se suma una disposición implementada desde el 1 de abril de 2025, mediante la cual el gobierno cubano prohíbe el ingreso al país de ciudadanos con documentación caducada. Esta medida coloca a la afectada en un limbo legal, abriendo la posibilidad de que sea deportada a un tercer país al no poder retornar a su tierra natal.
Consecuencias de la crisis migratoria y el abandono institucional
El caso de Yelenis Pérez es una consecuencia directa de la crisis estructural que sufre la isla. El éxodo masivo, impulsado por el colapso económico y la falta de libertades, ha dejado a miles de cubanos en situación de vulnerabilidad migratoria. La negativa del régimen de La Habana de facilitar trámites consulares o de aceptar a sus propios ciudadanos con documentos vencidos demuestra una vez más cómo la dictadura cubana instrumentaliza la migración y abandona a su diáspora cuando deja de ser útil a sus intereses políticos.
Ante esta situación, Pérez ha solicitado una reconsideración con carácter humanitario a la actual administración estadounidense, apelando a los lazos familiares que la unen al país, donde reside junto a su esposo, hijos y nietos, todos ciudadanos estadounidenses. El desenlace de este caso marcará un precedente sobre cómo las democracias occidentales gestionan las deportaciones de ciudadanos provenientes de regímenes autoritarios que se desentienden de sus obligaciones consulares, dejando a familias enteras en riesgo de separación definitiva.
