El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ofreció una extensa entrevista al medio estatal ruso RT, donde acusó a Washington de «genocidio» y admitió que el régimen pospuso durante años transformaciones económicas indispensables. El dirigente rechazó replicar los modelos de China o Vietnam, proyectando un panorama de profundo deterioro económico y tensión diplomática mientras la isla se sume en una crisis sistémica.
Durante la conversación con el corresponsal de RT en La Habana, Oliver Zamora Oria, Díaz-Canel calificó las sanciones estadounidenses de «castigo colectivo» y «genocidio», advirtiendo además que un eventual enfrentamiento armado sería un «baño de sangre». El gobernante aseguró que durante seis meses no ha arribado ningún barco de combustible a la isla, salvo un cargamento ruso de ayuda humanitaria, y atribuyó a la presión de Washington la retirada de empresas extranjeras. Sin embargo, esta narrativa oficial oculta la ineficiencia crónica del modelo económico centralizado y estatizado que ha regido el país durante más de seis décadas.
En materia de relaciones bilaterales, el gobernante planteó la voluntad de avanzar hacia una «relación civilizada entre vecinos» con Estados Unidos, pero estableció límites estrictos. Condicionó cualquier diálogo a la ausencia de exigencias sobre el sistema político de la isla. Esta postura reafirma la negativa del régimen a abrir espacios democráticos o someterse a escrutinio internacional en materia de derechos humanos, utilizando el concepto de soberanía como escudo para justificar la ausencia de pluralismo político y el control absoluto del Partido Comunista.
Control mediático y alianza con la propaganda rusa
La entrevista también abordó el ámbito informativo. Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de desplegar una estrategia mediática «supremacista, capitalista e imperialista» para borrar la identidad cubana e imponer un pensamiento hegemónico. Para contrarrestar esta supuesta ofensiva, presentó explícitamente a RT como un aliado del aparato comunicacional oficial. Esta alineación ocurre en un contexto donde la dictadura cubana mantiene una censura férrea contra el periodismo independiente, bloqueando el acceso a medios alternativos, desconectando servicios de internet y persiguiendo a reporteros que se apartan del discurso oficial.
El retraso de las transformaciones económicas
Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue el reconocimiento por parte del gobernante de que numerosas reformas económicas esenciales fueron pospuestas por las propias autoridades. Díaz-Canel admitió que estas transformaciones, discutidas desde el sexto, séptimo y octavo congresos del Partido Comunista, no recibieron los pasos de implementación correspondientes. Confesó que fueron aplazadas debido a los «riesgos» y «desafíos» que implicaban, lo que evidencia la parálisis burocrática y el temor a la inestabilidad social que caracterizan la toma de decisiones del ejecutivo cubano.
El dirigente anunció la intención de aplicar 121 de las más de 170 medidas propuestas antes de que finalizara julio, enfocadas inicialmente en jubilados y sectores vulnerables. No obstante, evitó ofrecer detalles concretos sobre cómo se financiarán estas medidas en una economía en bancarrota, ni reveló nombres ni montos respecto a las supuestas inversiones extranjeras de América Latina, Europa o Asia que, según afirmó, estarían interesadas en la isla pese a las presiones internacionales.
El rechazo a los modelos asiáticos
Consultado sobre la posibilidad de seguir los caminos de apertura económica de China o Vietnam, Díaz-Canel fue categórico al afirmar que Cuba no será «ni calco ni copia» de esas naciones, abogando en cambio por una «creación heroica». Si bien ambos países asiáticos mantuvieron el control político unipartidista, implementaron profundas liberalizaciones de mercado que generaron crecimiento y reducción de la pobreza. La negativa del régimen de La Habana a adoptar esquemas similares sugiere una prioridad por mantener el control absoluto sobre el aparato productivo, incluso a costa del continuo estancamiento económico y la miseria ciudadana.
Contexto: Una crisis sistémica enquistada
Las declaraciones se producen en medio de la crisis estructural más profunda que ha enfrentado Cuba en las últimas décadas. La isla sufre una hiperinflación que destruye el poder adquisitivo de los salarios, un éxodo migratorio que ha superado el 10% de su población en los últimos tres años, y un colapso continuo de los servicios públicos como la salud, el transporte y la generación de energía eléctrica. La escasez de combustible, que Díaz-Canel atribuyó exclusivamente al embargo estadounidense, es también consecuencia directa de la incapacidad del gobierno cubano para generar divisas suficientes debido a un sistema empresarial estatal crónicamente improductivo e ineficiente.
Además, el deterioro económico se ve agravado por una severa represión social. La dictadura cubana ha intensificado sus mecanismos de control policial para neutralizar cualquier descontento ciudadano, como lo demostraron las severas condenas impuestas a los participantes de las protestas del 11 de julio de 2021. La promesa de reformas económicas dirigidas a los sectores más vulnerables contrasta con la realidad de una población que sobrevive gracias a las remesas y al mercado informal, mientras el Estado fracasa en garantizar el abastecimiento básico.
Antecedentes de fracasos económicos y dependencia externa
La historia de los ajustes económicos en Cuba está marcada por la improvisación y el fracaso. La llamada «Tarea Ordenamiento», implementada en 2021 con el objetivo de unificar la moneda y reestructurar los subsidios, derivó en una espiral inflacionaria que aún devasta la economía familiar. Históricamente, las autoridades de la isla han dependido de subsidios externos —primero de la Unión Soviética y posteriormente de Venezuela— para mantener a flote su modelo, un apoyo que se ha reducido drásticamente en los últimos años, dejando al descubierto la inviabilidad del sistema.
Perspectivas y consecuencias a futuro
Las implicaciones a futuro de las reformas anunciadas resultan altamente inciertas. Sin una apertura genuina al sector privado, la descentralización de la economía y el respeto a los derechos de propiedad, las 121 medidas parecen condenadas a ser otro paliativo que no resuelve el déficit estructural. La comunidad internacional observa con escepticismo cómo el régimen de La Habana intenta navegar su crisis alternando la retórica antiestadounidense con llamados a la inversión foránea, mientras internamente mantiene un control político de mano dura. Para la ciudadanía cubana, la consecuencia inmediata es la prolongación de la incertidumbre y la lucha diaria por la supervivencia en un sistema que admite sus propias fallas, pero que se rehúsa a transformar sus cimientos autoritarios e ineficientes.
