La masonería cubana radicada en el exterior emitió una contundente declaración pública en la que rechazan la intromisión del régimen de La Habana en los asuntos internos de la Orden. A través de un comunicado firmado por altas figuras de la institución en el exilio, denuncian que las autoridades de la isla han orquestado una crisis para cooptar la Gran Logia de Cuba, imponiendo líderes afines y reprimiendo a los miembros que se oponen a este control autoritario.
La misiva, suscrita por Guillermo Julien, Gran Maestro de la Gran Logia Unida de las Antillas, y Carlos Goicolea, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para el Sur de los Estados Unidos, expresa un absoluto rechazo ante los acontecimientos que atentan contra la autonomía de la masonería en el territorio nacional. Ambas instituciones agrupan a miles de afiliados, resultado en gran medida de las décadas de éxodo masónico hacia el exterior, y mantienen una independencia que ahora ven amenazada dentro de Cuba.
El documento señala directamente la intromisión del gobierno cubano a través del Ministerio de Justicia (MINJUS) y la Oficina de Atención a Asuntos Fraternales y Religiosos del Comité Central del Partido Comunista. Según la denuncia, estas instancias han ejecutado un plan para deslegitimar al Supremo Consejo en la Isla y han llegado al extremo de imponer a un Gran Maestro, vulnerando los estatutos y la tradición de la institución.
Imposición institucional y persecución interna
Desde hace varios meses, los masones dentro de la isla han venido alzando la voz contra esta injerencia. El conflicto alcanzó un punto crítico cuando, a pesar de haber sido destituido por la Alta Cámara de la Orden, el MINJUS continúa reconociendo a Mayker Filema como Gran Maestro. Este respaldo oficial ha permitido a Filema usurpar el cargo y ejecutar una ola de persecución contra aquellos hermanos que resultan incómodos para el poder dictatorial o que se oponen a su gestión.
El Ministerio de Justicia actúa en Cuba como el ente rector que otorga o revoca la personalidad jurídica a las asociaciones, un mecanismo de control legal que el régimen utiliza para someter a las organizaciones de la sociedad civil. Al reconocer a un líder depuesto internamente, el MINJUS no solo viola la autonomía de la Orden, sino que le otorga un manto de legalidad a la persecución interna, convirtiéndose en cómplice de la purga que ha resultado en la suspensión de cientos de logias y la expulsión de numerosos masones.
Como consecuencia de este fracture institucional promovido desde el Estado, la masonería cubana ha sumido en una de sus peores crisis, poniendo en riesgo una unidad que se había mantenido ininterrumpidamente durante más de 165 años de historia en la nación. Esta ofensiva representa el intento más agresivo en décadas para politizar y subordinar a la Orden.
Paralelamente a la crisis en la Gran Logia, el régimen ha intentado deslegitimar al Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo en Cuba, José Ramón Viñas Alonso. Viñas Alonso se convirtió en un objetivo directo de la Seguridad del Estado tras condenar públicamente la violenta represión ejercida por la dictadura cubana contra los manifestantes pacíficos durante las protestas del 11 de julio de 2021. Su postura a favor de los derechos civiles le costó el acoso sistemático de los aparatos de inteligencia.
Esta crisis institucional fue expuesta públicamente el pasado 14 de junio durante una conferencia de prensa celebrada en la sede de la Gran Logia de Cuba en La Habana. El evento sirvió para visibilizar la gravedad de la intromisión estatal y la urgencia de proteger la independencia de la Orden frente a los designios del ejecutivo cubano.
El asedio a la sociedad civil en un contexto de crisis estructural
La ofensiva contra la masonería no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la estrategia sistemática del régimen de La Habana para controlar, cooptar o desarticular cualquier espacio de sociabilidad que escape a la órbita del Estado. En medio de una profunda crisis estructural marcada por la hiperinflación, el desabastecimiento crónico, el colapso de los servicios básicos y un éxodo migratorio sin precedentes, el gobierno cubano ha endurecido su maquinaria represiva.
Las instituciones fraternales, religiosas y de pensamiento, como la masonería, representan un peligro para la dictadura porque agrupan a ciudadanos en torno a valores de libertad, igualdad y fraternidad, principios inherentemente incompatibles con el control autoritario. Históricamente, la masonería cubana ha sido un espacio de reflexión cívica y patriótica, habiendo jugado un papel protagónico en la gesta independentista del siglo XIX, lo que la convierte en un objetivo natural para la vigilancia y la infiltración por parte de los organismos de seguridad del Estado.
El acoso a Viñas Alonso por condenar la represión del 11J es un reflejo del clima de terror impuesto tras aquellas jornadas de protestas masivas. El gobierno desplegó una estrategia de criminalización de la disidencia que incluyó juicios sumarios, prisión preventiva y sentencias desproporcionadas para cientos de ciudadanos. La masonería, al exigir respeto a la vida y a la libertad de expresión de los manifestantes pacíficos, cruzó una línea roja para un sistema que no tolera la más mínima crítica en momentos de vulnerabilidad política.
Resistencia y respaldo internacional
En su declaración, los masones exiliados enfatizan que, como institución iniciática, filantrópica e independiente, la masonería no puede ni debe ser sometida a presiones políticas, ideológicas o gubernamentales. El comunicado subraya que defender la independencia de las obediencias no es solo un deber estatutario, sino un imperativo moral frente a la avanzada totalitaria.
Los firmantes manifestaron su disposición para colaborar con todas las obediencias regulares del mundo que rechacen la politización de la Orden, enviando un mensaje claro a la comunidad masónica internacional sobre la vulneración de derechos que ocurre en Cuba. La historia de la masonería en la isla, tejida con «valor, sacrificio y amor a la libertad», como reza el documento, se enfrenta ahora al desafío de preservar su legado frente a un Estado que busca monopolizar hasta la última esfera de la vida privada y asociativa de los cubanos. La resolución de este conflicto definirá no solo el futuro de la institución, sino también la capacidad de la sociedad civil para resistir el embate del autoritarismo en los tiempos más complejos para la nación.
