La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar solicitó a la Administración Trump que utilice su autoridad ejecutiva para proteger a los beneficiarios del programa de parole humanitario, tras un fallo de la Corte Suprema que autoriza la revocación de la iniciativa. La decisión judicial deja en un profundo limbo jurídico a más de medio millón de personas, entre ellas al menos 150.000 cubanos que huyeron de la crisis y la represión en la isla.
La reacción de la legisladora se produce pocas horas después de que el alto tribunal estadounidense emitiera una resolución que permite al ejecutivo avanzar con la suspensión del programa conocido como CHNV. Esta iniciativa, implementada desde enero de 2023, facilitó el ingreso legal y temporal de ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua bajo condiciones estrictas, incluyendo la verificación de antecedentes, la llegada por vía aérea y el respaldo financiero de un patrocinador en Estados Unidos.
En declaraciones publicadas en su cuenta oficial en la red social X, Salazar reconoció el peso de la decisión judicial, pero subrayó la urgencia de una solución humanitaria. «Aunque la orden de la Corte Suprema de hoy no fue lo que muchos esperaban, hay una verdad innegable: estos migrantes ingresaron legalmente a Estados Unidos, confiando en las promesas vacías de la Administración Biden», afirmó la congresista, quien representa a uno de los distritos con mayor concentración de migrantes cubanos en el sur de la Florida.
El dictamen de la Corte Suprema desactiva una orden previa emitida por la jueza federal Indira Talwani. La magistrada había bloqueado temporalmente la anulación del programa, argumentando que una suspensión masiva, sin revisión individual de cada caso, vulneraba los principios del debido proceso y acarreaba consecuencias humanitarias severas, como la separación de familias. El fallo del alto tribunal, emitido sin explicación detallada y con la votación dividida, contó con el voto a favor de la mayoría y el desacuerdo explícito de las magistradas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor.
La solicitud de protección ejecutiva
Ante la gravedad del escenario, Salazar hizo un llamado directo al presidente para que aplique la Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés). «El costo humano no puede ignorarse. Estas personas huyen de regímenes brutales y condiciones que amenazan sus vidas. Por eso, insto a la Administración a que utilice su autoridad ejecutiva y conceda el DED, para evitar que sean enviados de regreso a la violencia y la represión», enfatizó la legisladora. El DED es una herramienta discrecional del Poder Ejecutivo que permite suspender temporalmente la deportación de grupos específicos por motivos humanitarios o de política exterior, y ha sido utilizado históricamente para proteger a nacionales de países en crisis institucional.
La cancelación del programa CHNV no solo representa un revés legal para las políticas migratorias de la anterior administración demócrata, sino que desata una ola de incertidumbre para más de 500.000 personas que habían logrado establecerse legalmente en territorio estadounidense. De este grupo, al menos 150.000 son cubanos que, tras cumplir con los requisitos del parole, han integrado a la fuerza laboral, pagan impuestos y han formado raíces en el país. Ahora, se enfrentan a la amenaza inminente de perder su estatus legal y ser deportados.
El pronunciamiento de Salazar resuena en un Congreso estadounidense donde las preocupaciones sobre el destino de estos migrantes cruzan líneas partidistas, aunque las soluciones propuestas difieren profundamente. Organizaciones de defensa de los derechos humanos y grupos de la sociedad civil han alertado sobre el impacto psicológico y económico de la medida. Patrocinadores que asumieron compromisos financieros y legales para traer a sus familiares se ven ahora en una posición de extrema vulnerabilidad, temiendo que el esfuerzo y los recursos invertidos se conviertan en una causa de deportación forzada.
El contexto de la crisis estructural cubana
Para entender la magnitud de la tragedia migratoria que ahora amenaza con materializarse con deportaciones masivas, es indispensable observar el contexto del que huyen estos beneficiarios. El éxodo de cientos de miles de cubanos en los últimos años no es un fenómeno espontáneo, sino la consecuencia directa del colapso estructural de la economía y la sociedad en la isla. La inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, los apagones prolongados y la depreciación del salario real han empujado a la ciudadanía a la indigencia o al exilio.
El régimen de La Habana ha utilizado históricamente la migración como una válvula de escape para aliviar la presión social generada por sus propias políticas fallidas. Sin embargo, la crisis actual ha superado los registros de anteriores olas migratorias. Tras las protestas masivas del 11 de julio de 2021 y la respuesta represiva de la dictadura cubana, que incluyó encarcelamientos arbitrarios y sentencias ejemplificantes contra cientos de manifestantes, el descontento social encontró en la salida del país la única vía viable de supervivencia y desobediencia. El programa CHNV ofreció una ruta segura frente a la peligrosa travesía por el Estrecho de la Florida o la frontera sur de Estados Unidos.
El riesgo del retorno a la dictadura
La posibilidad de que las deportaciones se ejecuten sin una evaluación caso por caso, como advirtió la jueza Talwani, plantea un escenario alarmante en términos de derechos humanos. Devolver a los migrantes cubanos a la isla implica enviarlos de vuelta a las garras de la dictadura. Las autoridades de la isla han demostrado una tolerancia cero hacia la disidencia y cualquier forma de expresión que cuestione el monopolio del poder. Los retornados enfrentan no solo la miseria material de un país en ruinas, sino el estigma y el acoso por parte de los aparatos de seguridad del Estado, que los consideran traidores por haber buscado mejores oportunidades en el exilio.
El programa CHNV fue diseñado precisamente para ofrecer una alternativa ordenada y legal a los flujos migratorios irregulares. Durante su vigencia, permitió que ciudadanos de estos cuatro países evitaran el tráfico de personas y la explotación por parte de redes criminales. La suspensión abrupta de esta vía no solo afecta a quienes ya están en Estados Unidos, sino que paraliza los procesos de miles de personas que habían iniciado los trámites desde sus países de origen, invirtiendo recursos y esperanzas en una promesa que ahora se desvanece.
Mientras el litigio sobre la legalidad de la revocación del parole continúa abierto en los tribunales inferiores, la presión recae ahora sobre el ámbito político. La propuesta de María Elvira Salazar de otorgar el DED busca evitar un desastre humanitario inmediato, pero hasta el momento la Casa Blanca no ha emitido una respuesta pública. La incertidumbre jurídica y política mantiene a cientos de miles de familias en vilo, en medio de un debate que define no solo el futuro de la política migratoria estadounidense, sino la vida de personas que huyeron de sistemas autoritarios en busca de libertad y estabilidad.
