La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) implementó una nueva limitación que prohíbe a los usuarios realizar más de 360 pesos cubanos (CUP) en recargas móviles mensuales, forzando el pago en dólares estadounidenses para acceder a servicios básicos. La medida ha generado una profunda indignación dentro y fuera de la isla, impulsando a activistas y ciudadanos a convocar un «parón total de recargas» como forma de protesta contra lo que denominan un «apartheid digital» impulsado por el régimen de La Habana.
La decisión de la compañía estatal, vigente a partir del 30 de mayo, establece un tope estricto para las recargas en moneda nacional. Con un límite mensual de 360 CUP, los cubanos se ven imposibilitados de acumular o diversificar sus compras de datos, llamadas y mensajes de texto en la moneda local. Esta restricción obliga a los usuarios a recurrir al mercado de divisas, utilizando la billetera digital Monedero MiTransfer o dependiendo de recargas enviadas desde el extranjero para mantener la conectividad, marginando de facto a quienes no cuentan con vínculos familiares fuera del país.
La medida ha sido catalogada por amplios sectores de la sociedad civil como un acto de extorsión institucional. La activista Saily González Velázquez, exiliada en Estados Unidos, denunció la estrategia del gobierno cubano a través de sus redes sociales. González comparó la dinámica con «el padre millonario de la hija rehén», señalando que las autoridades de la isla obligan a la diáspora a pagar «rescates» a modo de combos de comida o equipos básicos para que sus familiares puedan sobrevivir y comunicarse.
En respuesta a esta política, González Velázquez instó a la emigración cubana a suspender temporalmente el envío de recargas telefónicas. La activista aclaró que el llamado no implica dejar de ayudar con alimentos o medicinas, sino aplicar presión económica para obligar al ejecutivo cubano a retroceder en su política de segregación digital. «Si no hacemos algo ahora, nosotros también seremos cómplices del apartheid digital, de la mordaza y de la desigualdad extrema en Cuba», advirtió, confiando en que un mes de sacrificio coordinado podría revertir la medida.
El impacto de la nueva tarifa trasciende la comunicación familiar y afecta directamente el desarrollo profesional y académico en la isla. El escritor y académico Pedro de Jesús López Acosta criticó la decisión asegurando que 6 GB al mes es una cantidad «irrisoria» que limita descaradamente los derechos digitales de los ciudadanos. López Acosta cuestionó cómo investigadores, editores, profesores y escritores quedan desamparados, dependiendo de la «pedigüeñería internacional» para acceder a la información y realizar su trabajo.
«¿Dónde está la sociedad de la información y el conocimiento que, supuestamente, estábamos construyendo? ¿Tendrá que ser por dólares, mandados de afuera?», se preguntó el intelectual, evidenciando la contradicción entre el discurso oficial sobre el desarrollo tecnológico y la realidad restrictiva que sufren los cubanos que no tienen acceso a divisas extranjeras.
El descontento ha permeado incluso los espacios controlados por los medios de comunicación estatales. En publicaciones de figuras afines al régimen, como el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, decenas de ciudadanos utilizaron los comentarios para expresar su rechazo. Frases como «El plan extra supera el salario mínimo», «El que no tenga familia en el extranjero, ¿qué hace?» y «Cada día la vida del cubano es más imposible», reflejan la frustración de una población que ve cómo el acceso a un servicio básico se vuelve inalcanzable con sus ingresos regulares.
Desde la dirección de ETECSA, la vicepresidenta comercial Lidia Esther Hidalgo Rodríguez intentó justificar la medida asegurando que se trata de una «mejora en las ofertas actuales». Hidalgo Rodríguez afirmó que los nuevos paquetes «garantizan más recursos por menos precio» e incluyeron 300 MB de navegación nacional para redes 3G y 4G. Sin embargo, estos argumentos no han logrado disipar el malestar, ya que en la práctica, el nuevo modelo fortalece la dependencia de las remesas y profundiza la exclusión de los sectores más vulnerables de la economía nacional.
El periodista cubano Mario Pentón, radicado en Estados Unidos, interpretó la medida como una acción desesperada de las autoridades de la isla frente a la crisis financiera. Pentón señaló que el régimen trata a la población «como verdaderos esclavos que pueden saquear sin ningún remordimiento o explicación», en alusión a la constante extracción de divisas que sostiene la economía nacional en medio del colapso del sistema productivo interno.
Contexto de crisis y dolarización forzada
La restricción impuesta por ETECSA no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa del profundo colapso económico que atraviesa Cuba. La acelerada depreciación del peso cubano en el mercado informal, la hiperinflación y la escasez crónica de productos básicos han llevado al régimen de La Habana a buscar desesperadamente ingresos en moneda libremente convertible. Al limitar las transacciones en CUP, el gobierno cubano reconoce tácitamente la inutilidad de su moneda nacional y traslada el peso de la crisis a los bolsillos de los ciudadanos y de la diáspora, dolarizando de facto un servicio esencial.
Esta política de «apartheid digital» se inserta en un patrón más amplio de control social y represión ejercido por la dictadura cubana. El acceso a internet, que durante años fue severamente restringido, se ha convertido en una herramienta vital para la información independiente, el trabajo remoto y la denuncia de violaciones de derechos humanos. Al poner barreras económicas insalvables para la conectividad, el ejecutivo cubano no solo captura divisas, sino que limita la capacidad de los ciudadanos para organizarse, informarse y expresarse libremente, profundizando la censura bajo un manto de justificaciones comerciales.
Antecedentes de control y extractivismo económico
Desde la implementación del servicio de datos móviles en 2008 y la posterior expansión del 3G en 2018, ETECSA ha mantenido un monopolio absoluto sobre las telecomunicaciones en la isla. Históricamente, las tarifas han sido desproporcionadas respecto a los salarios estatales. Con la Tarea Ordenamiento en 2021 y el posterior fracaso del sistema bancario y monetario del país, la brecha entre los ingresos en moneda nacional y el costo de vida en divisas se amplió de manera dramática. Las recargas desde el exterior se convirtieron en un pilar fundamental para el sostenimiento de las familias cubanas, creando un modelo extractivo donde el éxodo migratorio es la principal fuente de financiamiento del Estado.
Implicaciones y respuesta ciudadana
El llamado a un parón de recargas representa una nueva forma de resistencia civil en un país donde la dictadura cubana ha criminalizado la protesta pública y ha endurecido las penas para quienes se manifiesten en las calles. Saily González Velázquez alertó que esta medida es solo el principio de una tendencia que podría extenderse a otros servicios esenciales, advirtiendo que «mañana van a cobrar hasta el agua en dólares», debido a que el único recurso que le queda al Estado es extraer de los bolsillos de los emigrados.
El futuro inmediato para los cubanos sin acceso a divisas se presenta sombrío. La restricción de ETECSA no solo aísla a individuos de sus familias, sino que los margina de la vida económica y social en un mundo cada vez más digitalizado. La respuesta de la comunidad internacional y de la diáspora a este llamado de boicot determinará si la presión económica puede revertir una política que, una vez más, penaliza la pobreza y recompensa la dependencia del exterior, dejando en evidencia la incapacidad estructural del modelo cubano para garantizar los derechos básicos de su población.
