Un mes después de que las autoridades de la isla desalojaran el mercado informal Los Chinos en Holguín, la prometida reorganización comercial ha derivado en una mayor escasez, dispersión de vendedores y un aumento significativo en el costo de los alimentos. La medida, justificada por el régimen de La Habana como un intento de mejorar la higiene y el tránsito, ha terminado penalizando a miles de ciudadanos que dependían de este espacio para su sustento diario.
El 11 de junio, el gobierno municipal procedió al desalojo de este extenso mercado que operaba a lo largo de casi un kilómetro en el reparto Lenin. Aunque días después se inauguraron dos bulevares comerciales en Pueblo Nuevo y Villa Nueva 2, así como una zona en El Gran Panel, la realidad ha distado mucho de la planificación oficial. Los residentes relatan que la competencia que mantenía los precios accesibles desapareció, dejando quioscos vacíos y comerciantes desplazados que ahora deben trasladar el costo de las nuevas infraestructuras al consumidor final.
La inversión exigida para operar en los nuevos espacios ronda el millón y medio de pesos cubanos por quiosco, una cifra prohibitiva que el gobierno cubano intentó maquillar ofreciendo un año de exención de impuestos. Sin embargo, como señalan los afectados, esta carga económica se traduce directamente en inflación. Si a un vendedor se le impone una suma altísima de dinero por un local, el precio de los productos sube para recuperar la inversión, evidenciando cómo las políticas burocráticas estrangulan a la pequeña empresa privada y perjudican directamente al pueblo.
Un reordenamiento que profundiza el colapso estructural
El surgimiento de mercados informales como Los Chinos no es más que la respuesta ciudadana a la incapacidad del Estado para garantizar la distribución de alimentos y la estabilidad de los horarios de venta en los establecimientos oficiales. El cierre de este punto de comercio se inscribe en una crisis sistémica más amplia que atraviesa la nación, marcada por una hiperinflación galopante, el desabastecimiento crónico y un éxodo migratorio sin precedentes. Al eliminar estos espacios de subsistencia sin ofrecer alternativas viables, la dictadura cubana no solo atenta contra el derecho a la libre empresa, sino que agrava la inseguridad alimentaria de la población.
Las consecuencias de este tipo de intervenciones arbitrarias se proyectan hacia un horizonte aún más sombrío para la ciudadanía. Mientras el poder en Cuba prioriza el control social y el ordenamiento estético sobre las necesidades básicas de supervivencia, la fractura entre el Estado y la población se profundiza. Estas políticas de \»reordenamiento\» actúan como mecanismos de represión económica que obligan a los cubanos a elegir entre el hambre y el exilio, sin que se vislumbre una voluntad real de apertura o solución estructural por parte del ejecutivo cubano.
