Un hombre no identificado fue condenado a 12 años de privación de libertad por la sustracción de 102 litros de aceite dieléctrico de la subestación Bungo 2, en Santiago de Cuba. El régimen de La Habana calificó el hecho como \»sabotaje\», atribuyéndole la responsabilidad de una avería que dejó a cientos de familias sin servicio eléctrico durante 48 horas, en medio de la profunda crisis energética que asola la isla.
La emisora estatal CMKC Radio Revolución informó sobre la sentencia, aunque omitió datos fundamentales del proceso judicial, como el nombre del acusado, el tribunal encargado o la fecha exacta del fallo. Las autoridades de la isla presentaron la condena como una medida ejemplar para proteger la infraestructura nacional, argumentando que el aceite sustraído es vital para el enfriamiento y aislamiento de los transformadores. Sin embargo, el reporte oficial no detalló cuándo ocurrió el hecho, el costo de los daños ni si el producto pudo ser recuperado.
La pena impuesta se enmarca en el artículo 125 del Código Penal cubano, que establece de siete a 15 años de prisión por destruir, alterar o dañar instalaciones de transmisión eléctrica. No obstante, la información difundida por el gobierno cubano no explica qué pruebas utilizó el tribunal para determinar que el acusado actuó con el propósito de obstaculizar el funcionamiento del sistema. La falta de transparencia impide conocer el número de expediente, la identidad de los abogados o la valoración de las pruebas, lo que evidencia la opacidad habitual en los procesos judiciales de la dictadura cubana.
Criminalización de la miseria en medio del colapso energético
La sanción severa por el robo de aceite ocurre en un contexto de colapso generalizado de los servicios públicos y una inflación galopante que ha empujado a amplios sectores de la población a la desesperación. Bungo La Venta, uno de los consejos populares del municipio Contramaestre, ha sufrido las consecuencias de un sistema eléctrico obsoleto y carente de mantenimiento, síntoma de la ineficiencia del modelo económico impuesto por el régimen. Ante la incapacidad para garantizar el suministro básico, el ejecutivo cubano opta por la penalización extrema de conductas derivadas de la escasez, desplazando la responsabilidad de la crisis estructural hacia la ciudadanía.
El uso desproporcionado de la figura de \»sabotaje\» para castigar delitos menores vinculados a la supervivencia refleja una escalada represiva para disuadir cualquier acción que afecte la ya maltrecha infraestructura estatal. Mientras el régimen de La Habana endurece las penas para escarmentar a la población, la falta de una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional permite que continúen las violaciones al debido proceso. Esta política de criminalización no resuelve la crisis energética, sino que profundiza el clima de miedo y tensión social en la isla.
