Nilo Abrahantes Santiago, un manifestante de las protestas del 11 de julio de 2021 que recientemente cumplió una condena de cinco años de privación de libertad, ha denunciado el acoso continuo por parte de los órganos de la Seguridad del Estado. El exprisionero político, natural de Bejucal, Mayabeque, fue citado por un agente de la inteligencia cubana apenas una semana después de recuperar su libertad.
Abrahantes Santiago, de 45 años y ex trabajador por cuenta propia, fue liberado el pasado 4 de julio tras haber purgado la totalidad de su sentencia por el delito de sabotaje, impuesta como castigo por su participación en las manifestaciones antigubernamentales. Según relató el propio afectado, el régimen de La Habana no concedió ninguna rebaja penal, una práctica habitual en casos de motivación política. El viernes 10 de julio, el activista recibió una citación firmada por el agente identificado como \»César\», ordenando su comparecencia al día siguiente en la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de su municipio de residencia.
Tras presentarse en la instalación policial y permanecer un tiempo en espera sin que el oficial se hiciera presente, Abrahantes Santiago decidió abandonar el lugar, exigiendo que no volvieran a citarlo. Este tipo de prácticas de intimidación constituye una constante en la estrategia de las autoridades de la isla para amedrentar a los activistas y disidentes que recuperan su libertad, manteniéndolos bajo un estricto control y vigilancia que anula de facto sus libertades ciudadanas.
Condiciones carcelarias y vulneración de derechos
Durante su encierro, el manifestante del 11J fue trasladado por diversos centros penitenciarios de máxima severidad, incluyendo la prisión de Melena del Sur, Ivanov, El Pitirre (o \»La 15-80\») y el Combinado del Este. A lo largo de este periplo carcelario, Abrahantes Santiago documentó y denunció sistemáticas violaciones de derechos humanos. El hacinamiento, la humedad, la escasez de alimentos en mal estado y la falta de atención médica y medicamentos provocaron en él desnutrición y diversas enfermedades, evidenciando el uso del sistema penitenciario cubano como herramienta de castigo físico y psicológico.
La situación de Abrahantes Santiago no es un hecho aislado, sino parte del patrón represivo de la dictadura cubana contra los cientos de ciudadanos que salieron a las calles en 2021 exigiendo cambios. Su caso está registrado como preso político en la base de datos de la organización internacional Prisoners Defenders, con sede en Madrid. El acoso post-carcelario refleja la persistencia de la política de criminalización de la protesta social en Cuba, un escenario que mantiene a la sociedad civil bajo un clima de terror y que exige un escrutinio permanente por parte de la comunidad internacional ante la grave crisis de derechos humanos que sufre la isla.
