Cuatro congresistas demócratas estadounidenses concluyeron una controvertida visita de cuatro días a Cuba, donde se reunieron con Miguel Díaz-Canel y atribuyeron el severo colapso económico y social de la isla a las políticas de Washington, omitiendo en sus declaraciones públicas cualquier mención a la responsabilidad del régimen en la crisis estructural, la inseguridad jurídica y la sistemática violación de los derechos humanos.
Los representantes Mark Pocan (Wisconsin), Teresa Leger Fernández (Nuevo México), Maxine Dexter (Oregón) y Delia C. Ramírez (Illinois) arribaron a La Habana en el marco de una autodescrita «misión congresional de investigación». Según reportes de la Associated Press, la delegación sostuvo un encuentro con el mandatario cubano, aunque este no fue reflejado en el comunicado oficial emitido por los legisladores ni fue anunciado por la Presidencia de la isla, levantando interrogantes sobre la transparencia de la agenda diplomática.
En su declaración conjunta, los legisladores aseguraron haber conversado con líderes religiosos, emprendedores, médicos, agricultores y representantes de la sociedad civil «de todas las condiciones sociales y perspectivas políticas». Sin embargo, el texto omite por completo la identidad de estos interlocutores y no precisa si entre ellos se encontraban opositores políticos, activistas de derechos humanos, periodistas independientes o familiares de los cientos de presos políticos que mantiene la dictadura cubana tras las protestas históricas del 11 de julio de 2021.
La narrativa expuesta por la delegación se centró en señalar las restricciones energéticas y financieras de la Orden Ejecutiva 14380, impulsada por la administración de Donald Trump, como la causa directa de los apagones nacionales, la escasez de alimentos y medicamentos, y el colapso del transporte público. Pocan llegó a comparar la situación de la isla con una «Gaza silenciosa», una analogía que minimiza la violencia estatal ejercida por el régimen de La Habana y descontextualiza el origen de la crisis energética, atribuyéndola exclusivamente a un «bloqueo de facto» externo.
En el ámbito de la salud, la congresista Maxine Dexter, médica de profesión, advirtió que el sistema sanitario cubano se encuentra al borde del colapso, mientras que Leger Fernández vinculó el aumento de la mortalidad infantil —que pasó de cuatro a 9,9 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos— directamente con las sanciones estadounidenses. Si bien las restricciones comerciales complican la adquisición de insumos, esta lectura obvia el deterioro histórico de la infraestructura hospitalaria, la falta de mantenimiento estatal y la priorización de recursos hacia el sector turístico y militar en detrimento de la salud pública básica durante décadas.
Respecto al emergente sector privado, Pocan reconoció el potencial de crecimiento de las mipymes cubanas, pero culpó a las políticas de Washington por limitar su acceso a financiamiento y mercados. La declaración obvió por completo abordar el asfixiante marco regulatorio interno, los impuestos confiscatorios, la inseguridad jurídica y la subordinación de los trabajadores privados al control del Estado, que sigue siendo el monopolio importador y el único ente autorizado para realizar compras al por mayor en el exterior.
El éxodo migratorio y el silencio sobre la represión
La representante Delia C. Ramírez vinculó la crisis con el masivo éxodo migratorio cubano y criticó la política migratoria y de deportaciones de Estados Unidos, señalando que los cubanos se ven obligados a elegir entre el hambre en la isla o la incertidumbre legal en EE.UU. No obstante, esta perspectiva relega a un segundo plano el factor político: la salida de cientos de miles de cubanos responde también a la asfixia civil, la ausencia de libertades democráticas, la persecución a la disidencia y el agotamiento frente a un modelo totalitario que no admite alternativas de cambio institucional.
El viaje de los legisladores demócratas y su retórica coincidieron con la inexistencia de negociaciones formales entre Washington y La Habana, algo que el propio Pocan reconoció. El congresista acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, de personalizar la política hacia Cuba. Mientras la delegación buscaba explorar vías de diálogo, el Departamento de Estado anunciaba nuevas sanciones contra 10 entidades del gobierno cubano, designando empresas estatales que generan ingresos para el aparato represivo y estructuras paramilitares y de vigilancia utilizadas para hostigar y reprimir a la población.
Contexto sistemico: El colapso energético y la responsabilidad estatal
La crisis que los congresistas observaron en las calles de La Habana es el resultado de una combinación de factores externos y, fundamentalmente, del fracaso del modelo económico socialista impuesto por la dictadura durante más de seis décadas. El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se encuentra en estado terminal no solo por la dificultad de adquirir combustible, sino por la falta de inversión, mantenimiento y planificación por parte de las autoridades de la isla. Termoeléctricas con más de 40 años de operación colapsan diariamente debido a la desidia administrativa y la corrupción estructural.
Asimismo, la escasez de alimentos y la acumulación de basura no son fenómenos exclusivamente derivados de sanciones internacionales. El desabastecimiento responde a la ineficiencia del sector agrícola estatal, la negativa histórica a entregar tierras en propiedad a los campesinos y la incapacidad del ejecutivo cubano para garantizar insumos básicos a sus propios productores. La inflación galopante y la devaluación del peso cubano han destruido el poder adquisitivo de la población, generando un nivel de desigualdad sin precedentes que el régimen intenta desviar culpando exclusivamente al embargo estadounidense.
En el plano sanitario, el aumento de la mortalidad infantil y la crisis hospitalaria son consecuencias directas del abandono de la atención primaria. Mientras el Estado destina cuantiosos recursos a la inteligencia, el aparato militar y el turismo de enclave, los hospitales carecen de agua, medicamentos básicos y condiciones higiénicas. La diáspora médica, impulsada por bajos salarios y condiciones laborales precarias, ha dejado al sistema sin el personal necesario para sostener la atención a la población, un éxodo interno que el gobierno cubano ha fomentado a través de contratos internacionales que lucran con el trabajo de los galenos.
Antecedentes diplomáticos y el escenario futuro
La política de «máxima presión» que la delegación demócrata cuestiona se ampara en la Orden Ejecutiva 14380, firmada el 29 de enero. Esta medida cataloga las acciones del régimen de La Habana como una amenaza «inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos, fundamentada en la cooperación militar y de inteligencia de la isla con potencias adversarias como Rusia y China, sus vínculos con Irán y la persistente persecución de opositores, periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil.
Las declaraciones de los congresistas en La Habana representan un respiro propagandístico para el régimen, que históricamente ha instrumentalizado las visitas de figuras políticas estadounidenses para validar su narrativa de victimización y desviar la atención de su propia incapacidad de gestión. Al culpar a las políticas de Washington de «matar a ciudadanos cubanos comunes», los legisladores otorgan a la dictadura un blindaje discursivo que exonera al poder cubano de sus responsabilidades soberanas y de su deber de garantizar el bienestar de su población.
El futuro de las relaciones bilaterales y del pueblo cubano dependerá en gran medida de la coherencia de la política internacional y de la presión interna por un cambio democrático. Dexter y Ramírez adelantaron su intención de impulsar enmiendas en el Congreso para mitigar los efectos sobre los servicios de salud y limitar operaciones militares no autorizadas. Sin embargo, cualquier iniciativa de alivio económico que no exija contrapartidas en materia de derechos humanos, liberación de presos políticos y apertura democrática corre el riesgo de consolidar el status quo, perpetuando el sufrimiento de la ciudadanía y financiando las estructuras de represión que sostienen al régimen.
