Cuatro legisladores demócratas concluyeron una visita de cuatro días a Cuba durante la cual se reunieron con Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del régimen, atribuyeron la crisis estructural de la isla a la política de \»máxima presión\» de la Administración Trump y reconocieron que no existen negociaciones formales entre Washington y La Habana para modificar las medidas vigentes.
Los representantes Mark Pocan (Wisconsin), Teresa Leger Fernández (Nuevo México), Maxine Dexter (Oregón) y Delia C. Ramírez (Illinois) arribaron a la isla el pasado jueves en lo que la oficina de Pocan describió como una \»misión congresional de investigación\». Según informó la agencia Associated Press, la delegación se reunió con Díaz-Canel, aunque el comunicado conjunto emitido por los legisladores omitió ese encuentro y la Presidencia cubana tampoco lo ha anunciado públicamente. El silencio oficial sobre la reunión con el mandatario contrasta con la difusión detallada de los demás contactos de la delegación.
En una conferencia de prensa ofrecida en La Habana antes de su partida, Pocan declaró que \»no cree que se estén llevando a cabo negociaciones\» entre ambos gobiernos y acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, de convertir la política hacia Cuba en un asunto \»personal\» en lugar de profesional. Los congresistas afirmaron que su objetivo era conocer directamente el impacto de las restricciones estadounidenses al abastecimiento de combustible, las cuales calificaron como un \»bloqueo de facto\» responsable de los apagones nacionales, la acumulación de basura, la escasez de alimentos y medicamentos, y el deterioro del transporte público.
Encuentros sin oposición ni disidencia visible
Según el comunicado conjunto, los legisladores conversaron con líderes religiosos, emprendedores, organizaciones de la sociedad civil, grupos humanitarios, médicos y agricultores \»de todas las condiciones sociales y perspectivas políticas\». Sin embargo, el texto no identifica a ninguno de esos actores ni precisa si entre ellos se encontraban opositores, activistas de derechos humanos o familiares de presos políticos del 11 de julio. La omisión resulta significativa en un contexto donde la dictadura cubana mantiene un control sistemático sobre los interlocutores autorizados a reunirse con delegaciones extranjeras, filtrando cualquier voz críticamente independiente del oficialismo.
La delegación calificó las políticas estadounidenses como responsables directas del sufrimiento de la población. \»En otras palabras, nuestras políticas están matando a ciudadanos cubanos comunes\», afirmaron los representantes. Pocan relató que una de las personas con las que habló durante la visita describió la situación de Cuba como una \»Gaza silenciosa\», comparación que el congresista consideró apropiada, matizando que aunque no hay bombardeos, los apagones y la escasez impiden a los ciudadanos acudir al trabajo, conservar alimentos y acceder a suministros médicos. Leger Fernández, por su parte, sostuvo que no tenía sentido \»obligar a un país a sufrir y a estar sometido a un asedio\».
El silencio sobre la responsabilidad del régimen
Pocan, quien señaló haber sido propietario de una pequeña empresa durante 37 años, afirmó que el sector privado cubano tiene mayores posibilidades de crecimiento que en etapas anteriores, pero consideró que las sanciones estadounidenses limitan su acceso a financiamiento, proveedores y mercados de exportación. La declaración, sin embargo, no abordó en detalle las restricciones internas, los impuestos confiscatorios, la inseguridad jurídica ni la subordinación regulatoria que enfrentan las mipymes bajo el sistema económico controlado por el régimen de La Habana. Tampoco se mencionó la responsabilidad del modelo centralizado en el colapso productivo, la inflación descontrolada ni la incapacidad estatal para garantizar servicios básicos, factores que preceden y trascienden cualquier medida coercitiva externa.
La visita de la delegación demócrata se produce en un momento de agudización de la crisis estructural cubana, marcada por apagones prolongados, un éxodo migratorio sin precedentes, la depreciación acelerada del peso cubano y un deterioro generalizado de los servicios públicos. Al atribuir exclusivamente a la política exterior de Washington las dificultades de la isla, los legisladores omiten décadas de mala gestión, corrupción institucionalizada y falta de libertades económicas y políticas que han erosionado la capacidad productiva del país. La ausencia de cualquier pronunciamiento sobre los cientos de presos políticos, la represión sistemática contra la sociedad civil y la censura impuesta por la dictadura cubana plantea interrogantes sobre el alcance real de esta \»misión de investigación\» y sobre el mensaje que envía a las víctimas de la represión en la isla.
