La Seguridad del Estado de Cuba mantiene un cerco policial sobre la vivienda de la periodista Camila Acosta y el escritor Ángel Santiesteban, como parte de un amplio operativo de represión desplegado para impedir cualquier conmemoración del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. El hostigamiento se extiende a múltiples figuras de la sociedad civil independiente en medio del colapso estructural de la isla.
Según denunció la propia Acosta, los agentes de la policía política regresaron a las inmediaciones de su edificio tras replegarse brevemente durante la madrugada. El escritor Ángel Santiesteban intentó abandonar el inmueble, pero fue interceptado por un agente que le vedó el paso. Este dispositivo represivo, que incluye patrullas y oficiales vestidos de civil, se mantiene pese al severo colapso del Sistema Electroenergético Nacional, evidenciando que para la dictadura la vigilancia y el hostigamiento a la prensa independiente representan una prioridad operativa absoluta, incluso por encima de las urgencias ciudadanas.
Operativo de acoso a la sociedad civil
El asedio no se limita a la pareja conformada por Acosta y Santiesteban. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) alertó que su presidente, Manuel Cuesta Morúa, y la activista María Mercedes Benítez también amanecieron bajo vigilancia. Las autoridades de la isla desplegaron medidas similares contra la directora de 14ymedio, Yoani Sánchez; el periodista Valdimir Turró; el colaborador Alberto Méndez Castelló en Las Tunas, y el activista Adelth Bonne Gamboa, quien denunció la presencia policial frente a su edificio mientras su comunidad enfrenta más de 17 días sin agua potable. Asimismo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó el cerco a la vivienda de Wilber Aguilar, padre del preso político Walnier Luis Aguilar, a quien también le prohibieron salir de su domicilio.
Este endurecimiento del control social coincide con el quinquenio del estallido social de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles en más de 50 localidades para exigir libertades y protestar por la profunda crisis económica, la escasez y los apagones. La respuesta del régimen de La Habana fue una violenta represión que incluyó la \»orden de combate\» emitida por Miguel Díaz-Canel, el corte de las telecomunicaciones, el asesinato de Diubis Laurencio Tejeda en el barrio habanero de La Güinera, y la incarceración de más de un millar de ciudadanos, muchos de ellos condenados a penas de hasta 30 años de prisión.
Cinco años después, la situación estructural de la isla ha empeorado drásticamente, con una inflación galopante, un éxodo migratorio histórico y un deterioro total de los servicios básicos. Pese a la censura y al miedo impuesto por la dictadura, durante la noche previa se reportaron nuevos cacerolazos y manifestaciones aisladas desde la provincia de Artemisa hasta barrios de La Habana. La persistencia de la represión sistemática demuestra que el ejecutivo cubano prioriza el silenciamiento de la disidencia por encima de la resolución de la emergencia humanitaria que atraviesa el país, enviando un mensaje claro de que cualquier intento de exigir derechos continuará siendo castigado con la fuerza del Estado.
