El opositor Aníbal Yaciel Palau Jacinto recuperó su libertad este sábado, casi cinco años después de ser encarcelado por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Mayabeque. Su excarcelación llegó tras casi 24 horas de incertidumbre y paradero desconocido, en las que las autoridades de la isla mantuvieron al joven recluido pese a haber cumplido íntegramente su condena.
La confirmación de su salida fue dada por su madre, Layda Yirkis Jacinto Abad, quien denunció la angustia vivida por la familia ante el silencio institucional. El régimen de La Habana justificó inicialmente el retraso alegando una supuesta \»causa pendiente\» en el sistema informático judicial. Sin embargo, dicha causa correspondía a un incidente ocurrido en noviembre de 2025, cuando Palau Jacinto denunció haber sido agredido por el jefe de Orden Interior del penal Melena II, identificado como \»Rudy\». Tanto la Fiscalía Militar como su defensa habían desestimado el caso meses atrás, lo que evidencia una nueva arbitrariedad del aparato represivo para prolongar su sufrimiento.
Antes de su liberación, el joven de 30 años fue trasladado de la prisión Melena II al penal de Ganusa, una medida que su familia atribuye directamente a la Seguridad del Estado. En respuesta a esta extensión ilegal de su encierro, Palau Jacinto inició una huelga de hambre y fue confinado en una celda de aislamiento, descalzo y vestido únicamente con ropa interior. Los funcionarios argumentaron que el traslado obedecía a una supuesta necesidad de \»protegerlo\» de comentarios de otros reclusos, una versión rotundamente cuestionada por sus familiares.
Represión sistemática y el legado del 11J
Palau Jacinto tenía 25 años cuando fue arrestado tras las históricas movilizaciones antigubernamentales. La Fiscalía solicitó inicialmente 13 años de prisión por delitos fabricados como atentado, desórdenes públicos y robo con fuerza, siendo finalmente condenado a cinco años. Durante su estancia en la cárcel, protagonizó múltiples protestas contra las inhumanas condiciones de reclusión, sufriendo un severo deterioro de salud debido a la falta de atención médica y a sus reiteradas huelgas de hambre como única herramienta de denuncia.
La liberación coincide con el quinto aniversario del estallido social del 11 de julio, una efeméride que la dictadura cubana intenta silenciar mientras cientos de manifestantes permanecen tras las rejas por exigir libertades fundamentales. Este caso ilustra la política de castigo y amedrentamiento del ejecutivo cubano contra quienes osaron desafiar al poder, así como la urgente necesidad de que la comunidad internacional mantenga la presión y el escrutinio sobre las constantes violaciones de derechos humanos que persisten en la isla.
