La Asamblea Nacional del Poder Popular presentó un proyecto de ley que otorgaría al Ministerio del Interior (MININT) la gestión exclusiva de la identidad física, digital, el domicilio y los datos biométricos de todos los residentes en la isla. La iniciativa, presentada bajo el pretexto de la modernización institucional, plantea serias dudas sobre la privacidad y el aumento de la capacidad de vigilancia estatal sobre la ciudadanía.
El documento, denominado \»Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio\», consta de 73 artículos y busca integrar los datos registrales de nacimiento con información biométrica que individualice a cada persona de \»forma única e irrepetible\». Aunque las autoridades de la isla aseguran que el tratamiento de esta información estará sujeto a la legislación vigente sobre protección de datos, el texto remite a un futuro reglamento aspectos críticos como los procedimientos de acceso, la seguridad informática y el monto de las multas, dejando un amplio margen de discrecionalidad al ejecutivo cubano.
Bajo esta propuesta, la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía del MININT dirigiría el nuevo sistema centralizado. Los datos a registrar incluyen no solo el rostro y las huellas digitales, sino también la voz, el iris, la firma, el color de piel, el color de los ojos y la estatura. Asimismo, la creación de una identidad digital certificada únicamente por un proveedor designado por el Ministerio del Interior refuerza el monopolio estatal sobre la información y los trámites ciudadanos, estableciendo incluso sanciones administrativas como la revocación de dicha certificación.
Control social en medio de la crisis estructural
Esta iniciativa legislativa surge en un contexto de profunda crisis económica, desabastecimiento y éxodo migratorio masivo. Mientras el régimen de La Habana enfrenta dificultades para garantizar servicios básicos y sufre la fuga constante de su población, prioriza el fortalecimiento de sus mecanismos de vigilancia. La obligación impuesta a los ciudadanos de registrar un único domicilio, determinado por la presencia física y evidencias de \»condiciones de vida estables\», evidencia un enfoque orientado a la localización y el control social más que a una verdadera modernización administrativa.
La eventual aprobación de este sistema representaría un endurecimiento de las herramientas de la dictadura cubana para el monitoreo de la población. En un país donde la libertad de expresión está severamente limitada y el acceso a la información está restringido, la recolección masiva de datos biométricos sensibles por parte de los órganos represivos augura un escenario de mayor persecución política. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deberán prestar especial atención a la implementación de esta ley, que amenaza con ahogar los pocos espacios de autonomía que le quedan a la sociedad civil cubana.
